SOLICITUD A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Silver Spring M.D., 28 de enero de 2005



Doctor
Santiago A. Canton
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington, DC.


Referencia: Solicitud de Medidas Cautelares a favor del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia



La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante “el Colectivo”) se dirigen por su intermedio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión), para solicitar MEDIDAS CAUTELARES de conformidad al artículo 25 del Reglamento de la Comisión y artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención), a fin de que el Estado colombiano garantice efectivamente el derecho a la vida (artículo 4), derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), derecho a la integridad personal (artículo 5), derecho a la libertad personal (artículo 7), derecho al reconocimiento de su dignidad (artículo 11.1), protección a la familia (artículo 17), derecho a la propiedad privada (artículo 21) derecho a la libre circulación (artículo 22) y derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26) del pueblo Wiwa y en particular de sus representantes o líderes.



I. HECHOS RECIENTES

El miércoles 19 de enero de 2005, a las 9:00 de la noche, en el municipio de San Juan del Cesar, fueron asesinados el Tesorero General de la Organización WIWA YUGUMAIUN BUKUANARÚA TAYRONA, ANGEL MILCIADES LOPERENA DIAZ y su hermano DARIO LOPERENA, maestro de la comunidad, cuando departían un refresco en San Juan del Cesar – Guajira, a su llegada de Valledupar.[1]
Según las autoridades los responsables de este crimen -que constituye una grave infracción del derecho internacional humanitario- fueron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el mando de alias “Jorge 40”.[2]


II. BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS: PERFIL DEL PUEBLO WIWA[3]
La etnia o pueblo indígena WIWA es uno de los cuatros pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, es conocida en lengua española como Arzarios, se ubican en los departamentos Cesar, y Guajira; esta conformado por 27 comunidades entre tradicionales y no tradicionales , situadas sobre las vertientes de los ríos Jeréz, Badillo y Ranchería donde se ubican las comunidades del Limon Marocaso, Sabana Joaquina, Guacherimaque( La Laguna), Guamaca, Potreritos, Machin, Ulago, Siminke, Barsino, Dudka, Linda, Loma del potrero, Piñoncito, Sabana grande, el Caney, El Pital, Guicumake, la Peña de los Indios, Rongoy, Cherua, Pozo de Humo, Surimena, Auyamal, Bernaka, Siminke y Piedra Liza

Los WIWAS que en su lengua originaria(damana) traduce hombre de tierra caliente fueron ubicados en la parte baja de la sierra por los padres creadores SEALUKUKUY y SERANKUA para cuidar la naturaleza y la madre tierra, son según su cultura ancestral los guardianes de la Sierra y los encargados de protegerla de las amenazas traidas por el Suntalo( hombre blanco).
La forma organizativa del pueblo WIWA sigue siendo la tradicional en cabeza de los MAMOS (maximos guias espirituales y autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, quienes poseen el conocimiento entregado por SERANKUA (padre creador), y Las SAGAS (compañeras de los mamos en la guia espiritual de las comunidades), los ancianos o mayores, los comisarios y cabos como autoridades civiles dentro de las comunidades y el Cabildo Gobernador como representante legal del Resguardo. Estas comunidades forman parte de un solo resguardo pero dentro de estos existen dos mesas directivas cada una con su respectivo Cabildo-Gobernador.

La comunidad indígena WIWA aunque es receptiva de los Suntalos que muestran respeto por su cultura y que llegan a su territorio sin ambiciones siguen manteniendo su cultura como prioridad para su preservación como etnia y para poder cumplir con el mandato entregado a ellos por los padres creadores y que contribuye junto con el aporte de los KOGUIS, ARHUACOS Y KANKUAMOS a mantener el equilibrio de la Sierra y por este el del mundo en general.

Para lograr este objetivo se concentran en las KANKURUAS( templo sagrado) donde bajo la orientación de los mamos, los Jovenes mayores de edad, los adultos, y los ancianos se concentran con el poporo (calabazo con cal de uso tipico de los pueblos indígenas de la sierra) y el mascar de la hoja de Jayo( hoja de coca) para encontrar soluciones a las dificultades que se presenten, para la realización de consultas sobre el qué hacer de la comunidad, y mediante la realización de pagamentos( rendición de tributos a la naturaleza en los sitios sagrados).

Relación del pueblo Wiwa con el territorio

En el caso de pueblos indígenas en América, la Corte Interamericana ha reconocido la importancia de tener en cuenta determinados aspectos de sus costumbres para los efectos de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[4] lo cual, referido a los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta significa que el Estado colombiano debe adelantar acciones tendientes a asegurar la incolumidad de su territorio que constituye el elemento fundamental y esencial sobre el cual se edifica su integridad étnica y cultural, autoría política, desarrollo propio, en suma su propia existencia y la de la humanidad entera. Esta relación indisoluble entre los indígenas y la tierra ha sido reconocida por la Corte: “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”[5]

El territorio para los WIWAS tiene vital importancia, porque es este quien garantiza la permanencia y el equilibrio, es la esencia de su existir y lo que los identifica como pueblo índigena nativo de la Sierra por lo que ha sido una tarea fundamental de los MAMOS, los cabildos y la comunidad en general la ampliación de los resguardos hasta la línea negra (frontera ancestral y cultural de los pueblos indígenas de la sierra y el mundo de los occidentales).

Es el territorio donde están escritas las leyes y la historia y el conocimiento ancestral de los pueblos, es necesario preservarlo de manera autónoma para poder proteger la fauna, la flora, las fuentes de agua, y los sitios sagrados que se mantienen intercomunicados para mantener el equilibrio necesario para evitar el caos. Es también el territorio donde reposan los restos de sus seres queridos que hoy a pesar de no compartir con ellos sus espacios físicos si los acompañan en sus pagamentos.

Los Wiwa son un pueblo agrocéntrico que ha enarbolado una religiosidad centrada en el respeto y cuidado de la Madre Tierra y, por extensión, de la naturaleza toda.[6] La economía del pueblo WIWA se fundamenta básicamente en esta relación con el territorio, y se proyecta en el cultivo tradicional de especies nativas y ancestrales( fríjol, caña de azúcar, ahuyama, malanga, yuca, batata, plátano y aguacate) para su sustento y otros como el fique , el calabazo y el totumo para la preservación de la tradición artesanal como el tejido de mochilas y los calabazos para el almacenamiento y transporte del agua y los totumitos para fabricar los poporos.

Dentro del resguardo se está propendiendo por el rescate de la cría de carneros, cabras y ovejas, estas son especies de cría tradicional que se utilizan para la obtención de leche, carne y lana y que por los embates de los operativos militares y los bombardeos se han ido perdiendo y los que quedan han sido robados por los soldados en sus múltiples incursiones.

Hay que resaltar que esta frágil economía se encuentra se ha visto resquebrajada por los continuos y sucesivos bloqueos a que han venido siendo sometidos, particularmente en los últimos dos años, lo cual, por un lado les impide el comercio de los productos sobrantes de cada cosecha y por otro lado se les han impedido por la fuerza la realización del intercambio o trueque que por tradición solían hacer entre las diferentes comunidades y los pueblos indígenas hermanos de la sierra, esto los asfixia porque no tienen forma de adquirir productos básicos que no se producen en la comunidad( sal, medicinas, mantas ).

Wanko y el derecho a la vida[7]

Wanko, el gavilán lechuza, representa en la cosmogonía Wiwa a las aves del más allá y es el mensajero que anuncia la muerte. “Si Wanko es capaz de llevar allá la noticia de que alguien va a morir, aquí no es noticia, sino allá, a donde los muertos, en Izhankazhina Chikuizhekua, donde los muertos viven, aquí lo vemos que es un pájaro, allá como los muertos mismos[8].”En la tradición y mitología Wiwa, el asesinato es inconcebible porque todos son hijos de la misma madre y padre, son parte de la misma raíz “Ade Siukúkui y Abu Sianiumang sufren mucho cuando los hermanos se matan, dan gritos que son los terremotos y lágrimas que son las inundaciones[9].”Dicen los Mamas que haciendo adivinaciones se pueden prevenir los asesinatos. “Existen varios lugares de la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro de la Línea Negra, para que por medio del pagamento[10] las personas que tienen pensamiento de matar a otro se olviden de hacerlo.[11]”

Para las autoridades Wiwas, una de las principales causas de los asesinatos en contra de los pueblos de la Sierra, tiene que ver con que el Ejército Nacional ha instalado bases militares en sus sitios sagrados, y que los frecuentes bombardeos impiden la concentración de los Mamas, quienes no pueden realizar los pagamentos a la tierra para prevenir los asesinatos. Uno de estos sitios es La Laguna, lugar sagrado donde en este momento (después del bombardeo indiscriminado y desplazamiento masivo de 2003), se encuentra instalada una base militar, hecho que se considera como una ofensa a la tierra y un acto que contribuye al desequilibrio espiritual de la Sierra Nevada.


III. ANTECEDENTES

La agudización del conflicto armado está vulnerando cada vez con más fuerza los derechos de los pueblos indígenas Wiwas, Kogui, Aruhacos (Iku) y Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Yukpas de la Serranía del Perijá.

El conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta en los últimos años ha ocasionado el asesinato de líderes indígenas, especialmente del pueblo Wiwa y Kankuamo, por parte de los distintos grupos armados, esta situación se agravó con la entrada en 1998 de los grupos paramilitares (AUC), que en las disputas por las zonas bajas de la sierra y el control estratégico de la vertiente suroriental, han puesto como objetivo militar al pueblo Kankuamo, ejecutando masacres y asesinatos selectivos de miembros de este pueblo, acusándolos de tener vínculos con los grupos guerrilleros, por vivir en zonas de influencia de estos.

La situación preocupante por la que atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido reconocida por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos en pronunciamiento oficial hecho el viernes 8 de agosto de 2003, día internacional de los pueblos indígenas, en el que señaló: “Otra grave omisión estatal detectada por la Oficina es la que ha dado lugar a la situación que hoy afrontan los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sometida por los miembros de grupos paramilitares a un régimen de terror, intimidación y violencia. Los miembros de estas comunidades indígenas siguen padeciendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones ilegitimas a la libertad de circulación y de comercio, profanación de objetos y lugares de culto y múltiples delitos contra su patrimonio económico. En esta región sigue siendo patente la existencia de vínculos de participación, apoyo, tolerancia y aquiescencia entre paramilitares y miembros de las fuerzas armadas”.

A esta situación se suma el control de todas las entradas y salidas de la sierra, limitando la movilización de personas y alimentos, por parte de los grupos para militares, con retenes permanentes en las vías de acceso a la sierra, en el caso de la vía Atanquez, esta se instala a 10 minutos de Valledupar y del batallón de la Popa, lo cual indica que muchos de estos retenes se hacen por la complicidad por acción y/u omisión de autoridades municipales y departamentales. La restricción permanente sobre los alimentos, con periodos de tiempo en que se restringen totalmente, ha puesto en peligro la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.

La zona norte del Cesar y del Magdalena permanecen bajo un férreo control de las AUC, que ejercen presión sobre las autoridades municipales, la gobernación, las alcaldías, las organizaciones sociales de transportadores y comercio, presión de la cual no han escapado las organizaciones indígenas y su empresa de salud Dusakawi. Esto último ha vulnerado el derecho a la vida, al restringirse la atención en salud, y desconocerse la autonomía de un proyecto que incluye a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perija y a los Wayúu en el sur de la Guajira.

El amedrantamiento permanente a las organizaciones y líderes indígenas permanentes por parte de los grupos armados y de las instituciones del estado, para que no se realicen denuncias, bajo la amenaza de ser declarados objetivos militares ha ocasionado la invisibilización y por ende el desconocimiento de la problemática que viven los pueblos indígenas en la región.

En el reciente Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen,[12]se registra con gravedad que la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante. Un gran número de comunidades sufre condiciones de violencia persistente en el marco de un conflicto armado que tiene impactos considerables en sus condiciones de vida cotidiana. Está incluso amenazada la supervivencia física y cultural de algunas comunidades indígenas muy vulnerables, especialmente en la Amazonía.[13] La tasa de violencia es 100% mayor a la media nacional en los municipios indígenas, siendo los más afectados los pueblos kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada, el pueblo kofán en Putumayo, el chimila en Magdalena, así como los pueblos korebajú, Betoyes y Nasa, y los tule y Embera katío en la región de Urabá.[14]

La violencia se expresa también en la magnitud de las desapariciones forzadas de líderes y representantes indígenas. En la Sierra Nevada se registran 44 desapariciones forzadas, 166 ejecuciones extrajudiciales, 92 casos de tortura y 52 casos de secuestro entre 1998 y 2002, y se han denunciado dos masacres en 2002, en las cuales fueron asesinados 12 indígenas wiwas, ocasionando el desplazamiento forzado de 1.300 indígenas y el de 300 personas de las comunidades de Sabana Grande, Potrerito, El Machín y Marocaso. [15]

De acuerdo con el informe del Relator, durante 2003 fueron denunciados ante la Defensoría del Pueblo 44 asesinatos de indígenas Kankuamos, así como el bombardeo indiscriminado al caserío de Potrerito del resguardo indígena Wiwa, que ocasionó la destrucción de 50 viviendas y el desplazamiento forzado de 25 familias. Se señala que la Resolución 24 de 2002 de la Defensoría del Pueblo a favor de los derechos humanos de los indígenas de la Sierra aún no ha sido cumplida. Entre los múltiples testimonios de abusos sufridos por las comunidades indígenas, el Relator Especial conoció las denuncias presentadas por el pueblo wiwa de la Sierra Nevada sobre bombardeos indiscriminados, asesinatos, detenciones arbitrarias e ilegales; retenes, quema de casas, saqueos, robo de animales; daños a lugares sagrados, robo de equipo médico y daños a los puestos de salud, así como robo de material educativo y daños a escuelas.[16]

Igualmente, ante tan alarmante situación la Defensoría Nacional del Pueblo adelantó una investigación en el año 2002. Las indagaciones realizadas permitieron ratificar que en la Sierra Nevada de Santa Marta se vive una de las más graves y dramáticas situaciones de vulneración de derechos fundamentales. Esto conllevó al Defensor del Pueblo a emitir la Resolución Defensorial 024 del 18 de septiembre de 2002, requiriendo a las autoridades del orden nacional y regional a adoptar medidas especiales a fin de proteger y garantizar de manera efectiva los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan esta zona del país, incluyendo a la etnia Wiwa.


A continuación, nos permitimos relacionar los principales hechos de agresión en contra de la etnia Wiwa, los cuales han sido denunciados por la propia comunidad a las respectivas autoridades penales y disciplinarias, sin que el cuadro sistemático de violaciones refleje una mejoría significativa:

Hechos 2001[17]

“1. El día 12 de enero del 2001 en las horas de la mañana, en el sitio conocido como la Y de Guayacanal (San Juan del Cesar), el Ejército del Batallón Rondon masacró a 7 pobladores de la región. Hermanos de esta entnia; entre los que estaban dos líderes de la Organización Gonabindua Tairona, Manuel Gil Alberto (Wiwa), Romelías Cáceres (Kankuamo), esta denuncia fue hecha ante las instituciones del Estado, pero hasta ahora no ha habido justicia para los responsables, ni indemnización para la comunidad. De esto solo conocemos que trasladaron el comandante de Batallón.

2. De un día para otro cuando todos estábamos trabajando en la comunidad de La Laguna, apareció un helicóptero y unos aviones regando sobre nuestros sitios sagrados (Chintengua), bombas; eso fue en la mañana del 19 de diciembre del 2001. Desde entonces sentimos mucho miedo cuando escuchamos la bulla del pájaro.”


Hechos 2002

“3. Nuevamente el día jueves 14 de marzo del 2002, cuando despuntaba el día, apareció un helicóptero y dos aviones, estos bombardearon a las mujeres cuando estaba recogiendo ayo (hojas de coca, planta sagrado para el mambeo) en la comunidad de Guamaca, ocasionando que toda la comunidad se viera obligada a desplazarse hacia los cerros.”

“4. A finales de febrero y principios de marzo del 2002, escuchamos que los paramilitares llegaron por allá por los sitios de: Treinta, Matitas, Chole, Anaime, El Carmen, Cascajalito, Las Casitas, en todos estos pueblos que son corregimiento de Riohacha, mataron a los campesinos, no se sabe cuantos, pero son muchos y desplazaron a varios. Para el día 9 de marzo, en un retén en la población de Tomás Razón o 30, agarraron a dos hermanos indígenas de la comunidad de El Limón (Nibake), a los jóvenes William y Albert Montero Calvo, que iban para Riohacha, los torturaron y los mataron como solo puede matar el diablo. Esos dichos paracos siguen allí lo mas tremendo es que en la Florida muy cerca de esos pueblos hay una base militar”.

5. El día 9 de marzo de 2002, en un reten ubicado por los paramilitares en el corregimiento de Tomás razón y treinta masacraron a Elber Montero Calvo y William Montero Calvo dos hermanos indígenas del Limón a quienes previamente torturaron. Este grupo paramilitar permaneció en el sitio por tres meses realizando retenes ilegales de manera continúa y a 15 minutos de ese lugar en la estación de la Florida existe una base militar del batallón Cartagena.

6. Bombardeos en Guamaka. El día 14 de marzo de 2002, cuando despuntaba el día apareció un helicóptero y dos aviones, estos bombardearon a las mujeres cuando recogían jayo (hojas de coca, planta sagrada para el poporeo) en la comunidad de Wamaca, ocasionando que toda los habitantes se vieran obligados a desplazarse hacia los cerros.

“7. Hasta que llegaron a nuestro territorio... el día 29 de marzo, desde las Casitas llegaron hasta Tembladera y todo el que se encontraban en el camino lo llevaban delante de ellos como escudo hasta llegar a Piñoncito ( comunidad Wiwa –Shimake), Sabana de Manuela y Caracolí, reunieron a las comunidades y nos amenazaron, acusándonos de ser colaboradores de los grupos guerrilleros, diciendo que detrás vendrían los “mocha cabeza” (alusión a los grupos paramilitares). Desde ese día no dormimos tranquilos. Además, varios de nosotros reconocimos dentro de este grupo paramilitar a soldados del Ejército que meses anteriores habían estado en este pueblo y ese día aparecieron como las AUC.”

El día 29 de marzo de 2002 los paramilitares pertenecientes al Bloque Norte de las autodenominadas AUC se desplazaron desde las casitas llegando a Tembladera, llevándose a varios miembros de la comunidad que utilizaron como escudos humanos, hasta llegar a Piñoncito y Caracolí en Sabana de Manuela en donde reunieron a estas comunidades para amenazarlas acusándoles de ser colaboradores de grupos guerrilleros y diciendo que detrás de ellos vendrían otros. De este grupo paramilitar se reconoció a varios soldados que habían estado en este pueblo en meses anteriores.

8. Marokaso Del 10 al 15 de julio del mismo año un grupo armado perteneciente al Bloque norte de los paramilitares se desplazó desde Caracolí hasta Marocazo provocando el desplazamiento de toda la comunidad.

“Del 10 al 15 de julio llegaron nuevamente pasaron desde Caracolí a Marocazo, los habitantes de las comunidades Wiwa, todas al saber que venían y no saber quienes eran dejamos las casas solas. Este grupo al llegar robaron y se comieron nuestras gallinas, además de nuestros cultivos de yuca y patilla entraron a las casas y nos robaron las sábanas y las cosas personales que habían en ellas, para completar el abuso abrieron a la fuerza la tienda comunitaria y el puesto de salud, llevándose todo lo que allí había. Cuando volvimos a nuestras casas nos dimos cuenta que eran soldados del Batallón Cartagena y del Rondon de Buena Vista, que nos amenazaron con Bombardear la tienda comunitaria y nos señalaron como colaboradores de la guerrilla.

Los integrantes del batallón Rondón posteriormente propusieron a los dueños de los cultivos saqueados que pasaran por el batallón para pagarles los daños causados.

9. Potrerito. Para los mismos días el 14 de julio aparecieron los helicópteros y aviones bombardeando indiscriminadamente a la comunidad de Potrerito y Sabana Grande, informándose por la radio que eran combates entre el ejército y la guerrilla cuando en realidad en estas comunidades solo estaban los indígenas.

Estos bombardeos dejaron como resultado la muerte de Marcelo Nieves de 30 años, padre de 3 menores y el joven Raúl Nieves Maestre de 23 años. En este nuevo hecho el ejército saqueó los productos alimenticios del restaurante escolar dados por el ICBF y luego dijeron por la radio que estos alimentos los habían encontrado en un campamento de la guerrilla, esto también produjo el desplazamiento de las comunidades hacia el municipio de San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira y otros se internaron en la Sierra.

10. El 29 de agosto del 2002, patrullas del Ejército colombiano del batallón Cartagena de Riohacha llegaron en 3 camiones a la comunidad de las Casitas y al otro día gente armada identificada como las AUC llegaron a un sitio conocido como Comejenes, y en la finca las Paivas asesinaron a Eliécer, Albeiro, y Francisco Mendoza Rabillo de 7,12 y 17 años de edad respectivamente.

11. Destrucción de El Limón. El 30 de Agosto en el Limón asesinaron a la abuela Rosalía Loperena de 84 años en presencia de sus nietos, a ella la decapitaron con una granada, en este mismo día se llevaron a su esposo, el abuelo Luis Antonio Mendoza de 88 años quien hasta la fecha se encuentra desaparecido y a su hijo Jaime Elías Mendoza Loperena de 48 años de edad a quien posteriormente descuartizaron. A este caserío llegaron disparando de manera indiscriminada acción esta que dejó como resultado dos niñas asesinadas, quemaron 23 casas en total. Al día siguiente de ocurridos estos hechos llegó el ejército y terminó de comerse los animales y saquearon la tienda comunitaria. Destrucción del restaurante escolar, el centro de salud, la escuela primaria, viviendas y fincas, 6 hectáreas de cultivos de pan coger, frutales y café, animales, electrodomésticos, la tienda comunitaria, herramientas de trabajo comunitario (palas, palines, machetes, limas, carretillas, clavos, martillos, serruchos, etc).

12. El 1 de Septiembre del 2002, patrullas del Batallón Cartagena de Riohacha llegaron a las comunidades de Contadero, El Limón, Marocaso, Tembladera y Caracolí donde asesinaron a Héctor de Armas y “Chavo” Abuchaibe, campesinos de la Región; José Ángel y Alberto Sarmiento, indígenas Wiwas, a quienes mataron a cuchillo y bala realizaron masacres en las cuales resultaron como víctimas niños y ancianos dejando también un gran número de desaparecidos. En este operativo el ejército actuó de manera coordinada con los Paramilitares, luego reunieron a la comunidad de piñoncito a quienes les dieron plazo para que abandonaran el pueblo, provocando el desplazamiento de más de 1.500 personas

Hechos 2003

13. Destrucción de Potrerito. En el mes de enero miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” de Valledupar, destruyeron la comunidad de Poterito, mediante bombardeos, incendios de viviendas, destrucción del puesto de salud. Esta situación trajo como consecuencia el desplazamiento forzado de sus pobladores. Con esta se completan 04 poblaciones wiwas desaparecidas en menos de un año: El Limón, Marocazo, La Laguna y Potrerito.

En carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a los Senadores indígenas y a la opinión pública, las comunidades indígenas de la etnia Wiwa denunciaron que desde el 18 de enero de 2003 y durante tres días más, soportaron el terror, cuando desde tierra y aire fueron destruidas sus pertenencias, casas, escuela, puestos de salud, la casa ceremonial (Kankuruas), los cultivos y los pocos animales por los ataques indiscriminados y atribuidos a hombres adscritos al batallón La Popa con sede en Valledupar del Ejército Nacional. De acuerdo el recientemente asesinado Ángel Melquíades Loperena, dirigente indígena, la fuerza pública “estaba cumpliendo la orden de recuperar la Sierra Nevada de Santa Marta, a costa de lo que fuera. Aseguramos que fue el ejército porque quién más tiene helicópteros y esa artillería tan pesada”.

En estos hechos, además del pánico que sintieron las comunidades ante los bombardeos, algunos integrantes tuvieron que soportar y sentir las explosiones de insulto y maltrato emocional por parte de las tropas. La acción militar, obligó a las familias a desplazarse hacia la parte alta de la Sierra, en total se estima que debieron desplazarse 45 familias de la comunidad de Potrerito (83 niños, 10 ancianos, 22 hombres, 20 mujeres) 10 familias de la comunidad indígena de las Mercedes, 7 familias de Linda, 5 familias de Raiceríos, para un total de 67 familias. “Los compañeros indígenas se desplazaron dentro del mismo resguardo, hacia la parte alta de la Sierra (unas cuatro o cinco horas de camino a pie) pero ya no tienen nada que comer, mucha gente anda sin ropa, están enfermos. Lo más preocupante son los niños y los ancianos[18]”.
14. Destrucción de La Laguna. El 20 de abril de 2003, en horas de la tarde apareció en la Comunidad de La Laguna, un helicóptero negro realizando ametrallamientos indiscriminados, en horas de la tarde se repitió el mismo procedimiento, generando el desplazamiento de varias familias.

15. El 21 de abril, se realiza otro ametrallamiento por parte de un helicóptero negro, seguido de tres helicópteros blancos que aparecen 20 minutos más tarde realizando sucesivos ametrallamientos. En horas de la mañana, varios efectivos del Ejército que venían en los helicópteros empezaron a hacer ametrallamientos directos a la población. En total, se desplazaron 52 familias, producto de la acción discriminada del Ejército, quien se desplazó posteriormente a Guamaka, destruyeron las tiendas comunitarias cuyas perdidas avaluadas son de $5.700.000 pesos en articulo, mas una nevera, un equipo de sonido.

“- Violaron la cerradura de las puertas se robaron 68 mochilas blancas de fiques que madres de familias habían elaborado para sus hijos, un bulto y medio de bienestarina, 7 cajas de tizas, 38 mapas, 5 resmas de papel, 24 de vinilo grande, 85 cuadernos de 100 hojas, 2 decenas de bolígrafos, 4 docenas de lápices negro, 60 saca minas, 60 compás, 5 docenas de cartulinas de varios colores, 5 docenas de fólderes, 38 registros civiles y formulario del DANE, 64 boletines en blanco, 45 cartillas, un baúl con varios juegos didácticos, 1 maquina de escribir, 1 grabadita de cuatro pilas, 3 casetes de rondas infantiles, 38 metros de coton y 5 kilos de grapas, también utilizaron como leña los pupitres, y demás muebles del Plantel, las perdidas están evaluadas como en $9.000.000.de pesos.

- Acabaron con el restaurante escolar robándose mas de $1.000.000 en mercado para los niños, allí guardaban todas las herramientas comunitarias: 15 machetes, 20 cavadores, 10 palas, 2 barras, 10 rollos de alambre de púa, 4 rollos de angeo. Repicaron todos los lienzos y cerca que los indígenas tenían alrededor de los cultivos y los potreros. Violentaron los candados para robar todo lo que había dentro de las viviendas.”

- En la misma escuela donde cursaban sus clases de primaria 82 niños, allí mismo guardaban la droga de la Organización Guanawindua Tairona. OGT. TENACA; EPS, en brigada de salud desarrollada en días anteriores habían dejado para la comunidad, toda esta droga la quemaron. Se llevaron un microscopio y podo el equipo de trabajo del promotor de salud que con toda la droga, se avalúa en $3.800.000 pesos; junto con todo esto dejaron escrituras alusivas al Ejercito Nacional en el tablero del plantel y en las paredes consignas alusivas a las AUC 66 BLOQUE NORTE.

- Se comieron 7 gallinas, mataron 2 burros, una vaca, 3 pavos, quemaron dos viviendas, maltrataron verbalmente y físicamente a 5 hermanos indígenas, a uno le pusieron el ojo negro y al otro le partieron la cabeza, después del maltrato los obligaron a que siguieran junto con ellos hasta Caracolí donde liberaron a dos de ellos, a los otros los soltaron en el Batallón Rondon.

A solicitud de la comunidad, la Defensoría del pueblo recibió quejas oficial de las autoridades del pueblo Wiwa, donde además de los hechos descritos en la denuncia pública, afirmaron que la totalidad de los habitantes de las comunidades de Marocazo, Sabana de Joaquina, la laguna, Guamaca y Semimpke, que suman aproximadamente 1500 personas, se desplazaron hacia otras poblaciones como la peña de los indios, Ulago, Machin, y caracolí ubicadas en la parte baja de la sierra, así como a Mamarongo y colorado, en la parte alta y en la cabecera del municipio de san Juan del Cesar.

El viernes 13 de Junio, una comisión de la defensoría del pueblo[19] se desplazo hacia MAROCAZO, JUANA VIEJAY LA LAGUNA, donde se constataron los siguientes hechos:

· Comunidad de LA LAGUNA: Quema de 17 viviendas, dos tiendas, una Kankurua y el restaurante escolar, que previamente fue saqueado y averiado al igual que el centro de ETNOEDUCACIÓN.
· Sitio JUANA VIEJA: quema de cuatro casas y una Kankurua
· Comunidad de wu hamaca: Quemas de cuatro viviendas que pertenecían al mamo y la zaga _autoridades tradicionales
· Comunidad de Marrocazo destrucción y saqueo de una tienda familiar y una tienda comunitaria.

Respecto a los desplazamientos, si bien en un primer momento las comunidades mencionadas fueron abandonadas en su totalidad, a este momento el panorama es el siguiente:

· Wamaca: Del total de 326 solo 20 personas aún están ubicadas en Mamarongo y machetiao, las demás ya retornaron.
· Marocazo: Quines se habían desplazado al Machin y el filo, ya retornaron, sin embargo más del 50% de la población, aún se encuentran desplazados en comunidades como la peña de los indios y Ulago.
· La laguna: La totalidad de la población se ha desplazado, actualmente se ubican en las comunidades de la peña de los indios, Machin, Ulago, Mamarongo, y colorao.
· Sabana Joaquina: más del 50% de la población, aún se encuentran desplazados en comunidades como la peña de los indios, Ulago y en San juan del cesar.
· Semimpke: no se ha desplazado la población, sin embargo están autorizados, pues los hechos descritos ocurrieron en comunidades muy cercanas.

Los hechos de violencia son interpretados por el pueblo Wiwa, como una ofensa a su territorio, la destrucción de flora, la muerte de animales, y los Bombardeos sobre sitios sagrados desequilibran su entorno y disminuyen sus posibilidades de habitarlo. La comunidad hizo énfasis, en los desplazamientos de los mamos que por temor huyeron de las comunidades hacia el interior de la sierra, lo que sumado a las quemas de las kankuruas y de las casas de la zaga, según su cosmovisión significa una total desprotección y abandono antes las adversidades. De igual modo, hizo especial mención en la violación de una tumba del cementerio ubicado entre la laguna y Juana viaja, de donde extrajeron el cadáver de una indígena y lo trasladaron fuera del resguardo.

16. Guamaka. El 20 de abril, miembros de los Batallones Rondón y Cartagena del Ejército Nacional, hicieron presencia en la cuenca del Río Ranchería, realizando ametrallamientos en la región de Guamaka y sus alrededores. El Ejército comenzó a quemar las viviendas indígenas y hurtaron gallinas y cerdos de la población. Los miembros del Ejército destruyeron las medicinas y los utensilios escolares. Igualmente entraron a una Kankurua (sitio tradicional de reunión) y tomaron una cazuela tradicional para trabajo de las autoridades espirituales y la utilizaron para quemar plátanos. Golpearon al indígena Hilario Villazón Mojica y desnudaron a otro indígena y lo pasearon por el pueblo, ambos actos con el propósito de que los indígenas “informaran sobre la ubicación de la guerrilla”

17. El 25 de abril, hacen presencia en Guamaka algunos de las personas que fueron vistas el 20 de abril, esta vez, usando brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia, incendiaron 17 viviendas y se llevaron vacas, gallinas y ovejas. Igualmente mataron algunas bestias de carga como burros, mulas y caballos.

18. El 08 de septiembre en el territorio circundante al río Jérez, el Ejército realiza otro operativo. Esta vez, saquea una vivienda kogui y amarra a un mamo y hurta la sequa con la que adivinaba. Ese mismo día, avanza hasta Guamaka y allí se come los animales y alimentos de la poblaación wiwa (cerdos, ovejas, gallinas, yuca y plátano). El Ejército asalta la tienda comunitaria y se lleva varios artículos y cinco millones de pesos. En total hurtaron y mataron: 12 burros, 10 caballos, 500 gallinas, 20 ovejas, 30 cerdos, una planta de energía solar, una cámara filmadora, un televisor y un Betamax.

19. Marokaso Entre el 20 y el 25 de noviembre, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC hicieron presencia en Contadero y el puente de Marokaso, agrediendo a los indígenas Wiwa de este territorio.

20. El 27 de septiembre de 2003 fue asesinado el señor Braulio Montoya en el Puente de Marokaso, por parte de un grupo de personas que portaban brazaletes con las siglas AUC.

21. El 01 de octubre fue asesinado William Montero Calvo en Contadero, por parte de miembros de las AUC quienes le propinaron fuertes golpes en la cabeza hasta destruirla y le propinaron tres disparos.


Hechos 2004

En el año 2004, la etnia Wiwa, se vio afectada por una de las más graves crisis humanitarias, representada en la restricción de entrada de alimentos y víveres y bombardeos permanentes que impidieron el desarrollo de las actividades espirituales y culturales de los mamos como realización de pagamentos, trabajo tradicional de las autoridades, reunión, etc. Esto generó a comienzos de 2004, que la gran mayoría de los habitantes del Resguardo, especialmente ancianos y niños sufrieran de enfermedades, la mayoría de ellas asociadas a la desnutrición y falta de defensas, ya que su dieta se redujo a bastimento (yuca, malanga, plátano) solo y sin sal.

En la comunicación entregada al Relator Especial para Asuntos Indígenas de la organización de Naciones Unidas, los representantes del Pueblo Wiwa[20] expresaron:

“Nos han obligado a desplazarnos hacia los sitios más altos de la Sierra, como única forma de proteger nuestras vidas; abandonando de paso además de nuestras casas y pertenencias, las rosas, socolas y cultivos.

Violación, Saqueo y quema de las casas abandonadas de los indígenas y colonos, por parte de los soldados.

Estigmatización a nuestras comunidades como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, y el señalamiento de nuestras mujeres como amantes o compañeras de los comandantes guerrilleros y con esta excusa justifican sus atropellos.

Agravamiento de la crisis humanitaria en la zona porque además del bloqueo que padecemos hace más de dos anos, hoy ya no tenemos cosecha por recoger porque los soldados se han dedicado a quemar de manera indiscriminada nuestros cultivos, a robar nuestras aves de corral y crías de vaca, chivos y cerdos; han saqueado los frutos cosechados( fríjol, maíz, guandú) que más adelante nos obligan a cambiárselos por gallinas, chivos, cerdos, etc.; Escasez de alimentos de primera necesidad como el arroz, el aceite, la sal y el azúcar así como jabón y medicinas porque ante el temor de perder sus vidas ningún carro quiere subir hasta nuestras comunidades lo que nos impide hacer el mercado de ¤40.000.oo que por familia nos permitían realizar.”

En lo que tiene que ver con violaciones al derecho a la vida, se presentaron los siguientes hechos:

22. El 09 de enero de 2004 a las11:45 p.m., llegó a Kuachirimake (La Laguna), Departamento de la Guajira, un grupo que se identificó como Autodefensas Unidas de Colombia, y asesinó a los señores José del Carmen Torres Villazón, Fernando Torres Torres y Eliécer Torres Torres.

Este grupo permaneció en el territorio cometiendo sucesivos delitos:
a) El 12 de enero, hurtaron en Juana Vieja seis(6) reses de los indígenas Wiwa Gerardino Marmolejo Loperena, Antonio Marmolejo Loperena y Anikasia Jandiwua.
b) El 17 de enero incendiaron los pastos de Kuachirimaque (La Laguna) y hurtaron dos (2) vacas de Edwin Rodríguez Mendoza.
c) El 19 de enero en Sabana de Joaquina, incendiaron dos viviendas, se robaron 160 gallinas, quemaron siete(7) bultos de café y hurtaron seis (6) grabadoras marcas Sony, Silver, Panasonic.
d) En Siminque incendiaron 07 viviendas.

23. El 18 de enero fueron asesinados los indígenas José Pedro Pastor Alberto y Zunilda Villazón Montaño en el casco urbano de San Juan del Cesar (Departamento de la Guajira).

24. Asesinato del propietario y conductor del único vehículo que cubría la ruta San Juan – La Pena de los Indios el día 17 de febrero, por parte de supuestos paramilitares, ambos habían sido requeridos por el ejercito el día anterior a su asesinato, advirtiéndoles que les daban 24 horas para que renovaran los documentos del vehículo so pena de no poder seguir transitando hacia la Sierra si no lo hacían. Simultáneamente al momento de su asesinato se realizaron allanamientos por parte del Ejército Nacional a las viviendas de dichas personas.

25. El 7 de abril de 2004 ( miércoles santo) a las cuatro de la tarde en la vía que de San Juan del Cesar (Guajira) conduce a la Peña de los Indios ( territorio del Resguardo Indígena Kogui -Malayo- Arhuaco), a la altura de Zambrano, un grupo de hombres y uniformados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, asesinaron a los Indígenas VICTOR JULIO MONTAÑO Y SIMON MONTAÑO, junto al campesino ENER MANJARREZ e incineraron el vehículo en que se transportaban.

Este vehículo hasta esta fecha, era el único que cubría la ruta de San Juan del Cesar(Guajira) hasta la Peña de los Indios( territorio del resguardo) y permitía movilizar a los indígenas y campesinos que habitan el resguardo Wiwa. Igualmente, posibilitaba el abastecimiento de alimentos a los integrantes de las diferentes comunidades dentro del límite que les han permitido($ 40.000.oo por familia). Este no fue el primer vehículo que incineran, el anterior a este que cumplía a misma función fue robado y su conductor y propietario, asesinados el 17 de febrero de 2004.

26. El día 8 de abril (jueves santo) fue asesinado en su residencia el indígena LUIS FERNANDO MONTAÑO en la Peña de los Indios cuando se disponía a asistir al velorio de los indígenas asesinados el día anterior. Este hecho fue cometido por tres hombres armados, vestidos con prendas militares de uso privativo de la Fuerza Pública.

27. El domingo 11 de abril de 2004, se presentaron bombardeos sobre las comunidades de la Celosa, Sabana Joaquina y el filo del Machín, estos se iniciaron a las 5:00 am y se extendieron hasta las 9:00 a.m. del mismo día; afortunadamente sin víctimas humanas que lamentar, pero con el consecuente desplazamiento forzado de estas comunidades.

Una particularidad preocupante del desplazamiento forzado a que se han visto sometidas varias de las comunidades del pueblo Wiwa, es que no aparecen cifras en las estadísticas oficiales debido a varias razones: En primer lugar, el Registro Único de Desplazamiento de la Red de Solidaridad Social no contempla como tal el desplazamiento generado por autoridades estatales, en segundo lugar, no incluye el desplazamiento interno hacia otras comunidades de la Sierra, en tercer lugar, las diferentes variables que contempla el sistema no permiten establecer a que comunidad indígena pertenecen las víctimas de desplazamiento forzado, y en cuarto lugar, no generan datos respecto casos de confinamiento de las comunidades; lo cual ha contribuido a la invisibilización del problema y a la restricción de la atención humanitaria con destino a estas comunidades.





28. Operativos permanentes

- El Ejército Nacional realizó retenes permanentes y restricciones de alimentos en San Juan del Cesar (Guajira), reteniendo productos como jabón, arroz, sal y otros productos necesarios para la supervivencia bajo el argumento de que son insumos para la insurgencia.

- Con los operativos permanentes, bombardeos y ametrallamientos el Ejército Nacional (Batallones Rondón y Cartagena) ha vulnerado los sitios sagrados de Yuimake, Guamako, Nibake, Carrizal, Bicocal, Ticuanamake, Zaga Dulama, Duskinguia, Nuamake, Turrigua, Guaserrehguega, Guapurrúa, Gostúa, Cimarangúa, Dunarrúa, Dumagamena, Kaserinaga.

28. Construcción de megaproyectos hidroeléctricos sin el previo cumplimiento de la consulta que establece el Convenio 169 de la OIT.

La Sierra Nevada de Santa Marta se eleva abruptamente sobre las playas del mar caribe, hasta una altura de 5.775 metros, con sus picos nevados a tan sólo 42 kilómetros de la costa, siendo el sistema montañoso litoral más alto del mundo. De sus tres vertientes norte, occidental y suroriental nacen numeroso ríos que fluyen en todas las direcciones surtiendo de agua a todos los municipios que hacen parte de su hinterland, es decir, los municipios de Riohacha, Dibulla, barrancas, Fonseca, hato Nuevo, Distracción y san Juan en el Departamento de la Guajira; Fundación, Aracataca, Ciénaga y Santa Marta en el departamento del magdalena, y Valledupar y El Copey en el Departamento del Cesar.[21]

Existe una gran variedad de climas y ecosistemas que convierten a la Sierra Nevada de Santa Marta fue declarada por la UNESCO reserva del hombre y la biosfera. De allí que con relación al recurso natural del agua y a otros recursos renovables y no renovables de la Sierra Nevada, existan múltiples intereses privados, interesados en su apropiación para fines comerciales, lo cual se convierte en una de las principales causas de las agresiones en contra de los pueblos guardianes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Así mismo queremos dejar constancia que no estamos de acuerdo ni se nos ha consultado sobre la construcción de la Represa sobre el río Ranchería y la base militar en lo que antes fue el pueblo de Guachirimake (la Laguna),el mismo que fue destruido en abril del 2003 por tropas del Ejército quienes saquearon y quemaron todo lo que encontraron a su paso según consta en el documento de denuncia y en informe de la Defensoría del pueblo, pues para nosotros es claro que esta base no nos traerá la Paz porque su objetivo será prestar seguridad a este megaproyecto y no a nosotros.

Denunciar también que la construcción de esta Represa acabara con el río Ranchería y afectara de manera notable el desarrollo ambiental y productivo de esta región, lo que perjudicara notablemente a las comunidades indígenas que habitamos el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco; además de la violación a nuestra identidad y tradición cultural, aunque no este la represa dentro de nuestro resguardo si se construirá sobre la zona de proyección de ampliación del mismo y además constituye violación a uno de nuestros sitios sagrados.[22]”

IV. FUNDAMENTOS DE LA PETICION
El artículo 25 del Reglamento de la Comisión de la OEA, establece que “en caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.” Esta facultad de la Comisión Interamericana, debe interpretarse en consonancia con la obligación genérica de protección que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Colombia mediante ley 16 de 1972, según el cual los Estados partes se comprometen a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado indispensable individualizar las personas que corren peligro de sufrir daños irreparables a efectos de otorgarles medidas de protección[23], en varios casos especiales,[24] ha entrado a proteger bajo el procedimiento de medidas provisionales a personas innominadas “quienes no están determinadas, pero que pueden ser identificadas e individualizadas”[25], bajo el entendido de que reúnen “características especiales que lo diferencian de los precedentes tenidos en cuenta por el Tribunal”[26].

En efecto, en los casos de comunidades indígenas como el pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y el pueblo indígenas de Sarayaku (Ecuador), la Corte, consideró que la misma constituye una comunidad organizada, ubicada en un lugar geográfico determinado, cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados y que, “por el hecho de formar parte de dicha comunidad, todos sus integrantes se encuentran en una situación de igual riesgo de sufrir actos de agresión en su integridad personal y su vida.”[27]

En el presente caso, el pueblo Wiwa se encuentra plenamente identificado, a través de la figura del Resguardo, donde a su vez, existen dos formas organizativas consolidadas con su respectivo Cabildo –Gobernador: la Organización Wiwa Yugumaiun Bukuanarúa Tayrona OBYBT y la Organización Gonabindua Tayrona.

V. PETICIONES
Respetuosamente solicitamos a la CIDH, ordenar al Estado colombiano, en virtud de obligaciones contraídas conforme al derecho internacional público, especialmente por ser signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo siguiente:
1. Proteger la vida, integridad, libertad personal, territorio y demás derechos individuales y colectivos del Pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
2. Concertar con el pueblo Kankuamo a través de sus organizaciones representativas Organización Nacional Indígena de Colombia, la Organización WIWA YUGUMAIUN BUKUANARÚA TAYRONA OBYBT y la Organización GONABINDUA TAYRONA, las medidas de protección y seguridad que ha de implementar el Estado Colombiano.
3. Establecer un procedimiento concertado de atención de emergencia a las víctimas de desplazamiento forzado del pueblo Wiwa.
4. Que se construyan acuerdos humanitarios propuestos desde el Estado y elaborados con participación de los peticionarios y beneficiarios, destinados a que los diferentes actores armados respeten la integridad del territorio Wiwa y de los integrantes de la comunidad indígena.
5. Que se dé plena aplicación al Convenio 169 de la OIT, garantizando la consulta previa con las autoridades tradicionales y la comunidad cualquier plan de desarrollo, de inversión o de cualquier otra índole, que se quiera desarrollar al interior del Resguardo Wiwa.
6. Que se investiguen todos los hechos de agresión contra el pueblo wiwa bajo una misma cuerda procesal, se judicialicen y sancionen los responsables.
7. Que la Defensoría del Pueblo nombre un Defensor Comunitario en el territorio indígena previa concertación.


ANEXOS
- Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Llamado de atención por asesinato de indígenas, 20 de enero de 2005


Con sentimientos de la más alta consideración y estima nos suscribimos de Usted,





RAFAEL BARRIOS MENDIVIL LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA
Representante Permanente en USA Organización Nacional Indígena ONIC
COLECTIVO DE ABOGADOS Presidente
Calle 13 No. 4 – 38 Bogotá

[1] Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Comunicado de prensa, 20 de enero de 2005.
[2] Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Llamado de atención por asesinato de indígenas, 20 de enero de 2005
[3] Cfr. Documentos varios Pueblo Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta.

[4] Cfr. Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 81; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 1, párr. 149 y Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 62

[5] Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 1, párr. 149.

[6] Fajardo Sánchez Luis Alfonso y Gamboa Martínez Juan Carlos. Multiculturalismo y Derechos Humanos: Una perspectiva desde el pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 1998, pág.91

[7]“Cuando yo era jovencito (...) no creía que iba a venir la violencia que los Mayores decían, yo pensaba: “esto no pasará.” Pero ahora si se ve violencia en toda parte, ahora si yo también creo que se acerca el fin y que tenemos que ponernos a trabajar para buscar el camino espiritual y material que los Antiguos enseñaron. Por eso hay que aprender para no hacer tanto daño. ¿Cuándo será que el Hermanito Menor abre los ojos?, ¿cuándo va a despertar?, ¿cuándo va a abrir el oído?, ¿cuándo será que consigue el camino? (...)” Ramón Gil Barros, Ex – cabildo gobernador, Organización Gonawindua Tayrona, Santa Marta, Enero de 1998.

[8]Mama Francisco Gil Chimusquero, Pozo de Humo, 1996. Cfr. Fajardo Sánchez Luis Alfonso y Gamboa Martínez Juan Carlos. Multiculturalismo y Derechos Humanos: Una perspectiva desde el pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 1998, pág.148

[9]Cabildo Gobernador Leonardo Andrés Gil Sauna, El Rongoy, 1996. Cfr. Ibídem

[10] El equilibrio de la Sierra Nevada depende de los sitios sagrados y se consolida con las ceremonias de pagamento que realizan las comunidades indígenas. Estas ceremonias rituales deben ser realizadas por los cuatro pueblos indígenas que habitan el macizo serrano. Ver, Ibídem, pág. 153

[11] Mama José Antonio Konchakala, Cherúa, 1996. Cit. Ibídem. Pág. 148
[12] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanosy las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, Distr. GENERAL E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 de noviembre de 2004, Original: ESPAÑOL

[13] Ibídem, párr. 5
[14] Ibídem, párr.25
[15] Ibídem, párr.37
[16] Ibídem, párr.38
[17] Comunicado del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta “Que alguien nos escuche... que se haga justicia”
[18] Testimonio Líder indígena Wiwa, Angel Melquíades Loperena

[19] Defensoría Nacional Del Pueblo, Informe Situación de Población Wiwa en Situación de Desplazamiento Al Interior Del Resguardo Cogí-Wiwa Sierra Vevada De Santa Marta, junio de 2003

[20] Comunicación del10 de marzo de 2004, dirigida al señor Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.
[21] Cfr. Fajardo Sánchez Luis Alfonso y Gamboa Martínez Juan Carlos. Multiculturalismo y Derecho Humanos: Una perspectiva desde el pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 1998, pág.138

[22] Pronunciamiento de las autoridades tradicionales del Pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

[23] Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, Medidas Provisionales. Resolución de 18 de agosto de 2000, considerando octavo; Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de septiembre de 2000.

[24] Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003, considerando noveno; Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, considerando octavo; y Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, considerando séptimo. Además, cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149.

[25]Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, considerando octavo.

[26] Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, considerando séptimo.

[27] Cfr. Corte I.D.H. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Ecuador, Pueblo Indígena Sarayaku, Resolución del 06 de julio de 2004, considerando 9; Corte I.D.H. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia, Pueblo Indígena Kankuamo, Resolución del 06 de julio de 2004, considerando