CAPTURAS Y AMETRALLAMIENTOS INDISCRIMINADOS

La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona --OWYBT--, se permite informar a las entidades gubernamentales y estatales y a la opinión pública nacional e internacional, los siguientes

HECHOS

1. Pese a que de manera formal en varias oportunidades la OWYBT ha solicitado al Gobierno Nacional iniciar, lo antes posible, el proceso de concertación de los mecanismos de protección contemplados en las medidas cautelares otorgadas al pueblo Wiwa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH--, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta a nuestro urgente requerimiento.
2. Dado que transcurridos más de siete (7) meses de expedidas las medidas cautelares no ha habido ningún tipo de concertación ni desarrollo de sus términos, puede decirse que las condiciones y el contexto que las originaron se mantienen plenamente vigentes y, consecuentemente, el riesgo sobre nuestro pueblo sigue latente.
3. El 25 de agosto de 2005 en horas de la mañana, y mientras se encontraba impartiendo clases en la escuela de la comunidad Wiwa de Sabana Joaquina, (municipio de San Juan del Cesar, La Guajira), en el marco de la denominada “Operación Atánquez”, fue capturado por un contingente de la Policía Nacional el profesor Alcibíades Manuel Mejía Solís (34 años). En este mismo operativo fue capturado también Luis Guillermo Maestre Cáceres (menor de edad), indígena Kankuamo pero considerado como un gunama de esa comunidad.
4. Con posterioridad a estas detenciones los medios masivos de comunicación, recogiendo las versiones de la fuerza pública, difundieron ampliamente la noticia que con la captura Alcibíades Manuel Mejía Solís, quien fue presentado como “alias El Profesor”, se le había infringido un duro golpe militar a la guerrilla, ya que no sólo era el “jefe político” del frente 59 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo --FARC-EP--, sino que estuvo implicado en la emboscada en la que fueron muertos quince (15) miembros de la Policía Nacional. Igualmente Luis Guillermo Maestre Cáceres también apareció en los medios como presunto responsable de esa emboscada.
5. De otro lado, las autoridades de la comunidad Wiwa de Sabana Joaquina informaron a la OWYBT que el helicóptero en que se desplazaban los miembros de la Policía Nacional que hicieron las capturas, aterrizó arbitrariamente sobre una zona de cultivos, los cuales quedaron totalmente destrozados.
6. Las autoridades Kogui - Wiwa de Avingüe y Kogui de La Nevadita, (ambas en jurisdicción de Valledupar, Cesar), denunciaron que el 26 de agosto de 2005 un helicóptero de la FAC lanzó un artefacto muy cerca de estas comunidades que generó una gran explosión, causando gran temor e intranquilidad en las comunidadades.
7. Así mismo las autoridades de las comunidades Wiwa de El Cerro, Piedra Lisa y El Rongoy (localizadas en jurisdicción de Valledupar, Cesar) informaron a la OWYBT que el 27 de agosto de 2005, en horas de la mañana, aviones de la Fuerza Aérea Colombiana --FAC-- que sobrevolaban la región, realizaron varios ametrallamientos y bombardeos indiscriminados sobre predios adyacentes a estas comunidades, que si bien no causaron pérdidas humanas ni daños materiales, si generaron pánico y zozobra en los habitantes de estas comunidades.
8. Las autoridades de varias comunidades del pueblo Wiwa han expresado su preocupación por que se puedan generar nuevos desplazamientos, ya sea al interior del mismo Resguardo o hacia las cabeceras municipales, de seguirse presentando estos ametrallamientos y bombardeos que ponen en riesgo la vida y bienes de los Wiwa que allí habitan.
9. Las comunidades del pueblo Wiwa sentimos que estamos bajo el asedio permanente de las acciones de los grupos armados. Al respecto hemos escuchado insistentes rumores que los diferentes actores armados portan listas con los nombres de miembros de nuestro pueblo: la fuerza pública para capturarlos sindicados de ser auxiliadores, colaboradores o miembros de la guerrilla; los paramilitares para desaparecerlos o asesinarlos por las mismas razones anteriores; y la guerrilla para también desaparecerlos o asesinarlos pero ahora por ser miembros de las redes de informantes y de cooperantes de la fuerza pública.
De conformidad con los hechos anteriormente mencionados

SOLICITAMOS

1. Que el Gobierno Nacional inicie cuanto antes el proceso de concertación para el desarrollo de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH-- a favor de nuestro pueblo.
2. Que el proceso que por supuesta rebelión se le ha abierto a Alcibíades Manuel Mejía Solís, profesor y líder reconocido de nuestro pueblo, al igual que el proceso abierto contra Luis Guillermo Maestre Cáceres, en ejercicio de nuestra autonomía y de la Jurisdicción Especial Indígena sea conocido detalladamente por las autoridades de nuestro pueblo para que realicen las investigaciones a que haya lugar y administren justicia según nuestros usos y costumbres de encontrarse culpables de los cargos que se les imputan.
3. Que a través de una comisión interinstitucional que se desplace a la región, se realice una presencia de la institucionalidad civil del Gobierno Nacional y del Estado, para verificar los hechos y hacer un acompañamiento a las comunidades que se encuentran atemorizadas y en eventual riesgo de desplazamiento.
4. Que los mandos de la fuerza pública respeten la jurisdicción y la autonomía de nuestras autoridades y de nuestro gobierno propio y, en esa dirección, que sean consultadas e informadas adecuadamente sobre las capturas que se van a efectuar, lo mismo que sobre la movilización de tropas que se va a hacer en nuestro territorio.
5. Que la fuerza pública con el apoyo de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Defensoría Delegada para Indígenas y Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario… entre otras entidades, desarrollen un protocolo que oriente claramente el trabajo y el comportamiento de la fuerza pública en los territorios indígenas.
6. Que si las autoridades competentes del Gobierno Nacional y del Estado, tienen indicios serios y pruebas ciertas sobre la pertenencia de miembros de nuestro pueblo a alguno de los actores armados ilegales, se le entregue oficialmente esa información para que procedan, de conformidad con la Jurisdicción Especial Indígena, a hacer las investigaciones de rigor y a sancionar a los culpables de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
Finalmente y en razón a nuestra vocación de pueblo pacífico y no violento
REITERAMOS
1. Que si bien es posible que a título individual pueden haber algunas personas que, contraviniendo los mandatos tradicionales, se han vinculado a los grupos armados, el pueblo Wiwa y sus autoridades no se encuentran alineados con ninguno de los actores armados del conflicto. En ese sentido, debe quedar claro que el pueblo Wiwa siempre ratificará enfáticamente su deseo de ser mantenido al margen de las hostilidades y de las confrontaciones militares.
2. Si bien es cierto que no podemos hacerle frente a la presencia de los distintos actores armados que transitan y recorren nuestro territorio, manifestamos nuestro interés rotundo en que se lleven su confrontación armada lejos de nuestras comunidades, para que nuestro pueblo pueda cumplir con tranquilidad nuestra Ley de Origen y con nuestro papel de guardianes del corazón del mundo.
3. Pese a que el conflicto armado nos ha tocado y nos ha afectado directamente, el pueblo Wiwa sigue considerando que la guerra que se está llevando a cabo en nuestro territorio es una guerra ajena que no nos pertenece. Sin embargo ello no quiere decir que seamos indiferentes. Nuestro pueblo le apuesta a la paz y a la convivencia y en ese sentido es que realiza los pagamentos, los confiesos y los diferentes trabajos tradicionales. Por ello, la superación del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta pasa necesariamente por la realización, sin obstáculos, de todos los trabajos espirituales encomendados por Ade Seránkua a los cuatro pueblos indígenas que de ella hacemos parte.
Valledupar (Cesar) a 31 de agosto de 2005

LA COMUNIDAD WIWA DE POTRERITO EXPRESA SU DESEO DE RETORNAR

“Para poder seguir viviendo, nuestras familias, lejos de su territorio, ahora sobreviven. No queremos seguir sobreviviendo. Nuestro deseo es retornar para volver a saber lo que es vivir”.
Doña Evangelina
Saga de Potrerito

El 25 de agosto de 2005, en la Casa Indígena del corregimiento de La Junta, (San Juan del Cesar – La Guajira), casi un centenar de Wiwa en situación de desplazamiento, se reunió ante diferentes entidades gubernamentales y estatales, para expresar públicamente su deseo indeclinable de retornar a la comunidad de Potrerito.

Como se recordará, el 14 de julio de 2002 la comunidad de Potrerito fue totalmente destruida a causa de indiscriminados bombardeos y combates entre los diferentes actores armados que operan y tienen presencia en la región, lo que derivó en un gigantesco desplazamiento forzado y masivo de toda la comunidad.

Según los datos presentados en la reunión por las autoridades de Potrerito, de la infraestructura de la comunidad fueron destruidos los siguientes inmuebles y equipos: 57 viviendas, 3 aulas escolares, 1 centro de salud con toda su dotación, 4 casas ceremoniales (Unguma), 1 casa comunitaria, 1 local donde funcionaba la tienda comunitaria, 1 acueducto comunitario que funcionaba por gravedad y 1 estanque piscícola. Además de ellos fueron destruidas 57 plantas de energía solar y 57 tasas campesinas (baños).

Actualmente las familias de Potrerito se encuentran dispersas y desperdigadas en varios lugares de la región. Algunas se refugiaron en otras comunidades del pueblo Wiwa, en tanto que otras en su huída se ubicaron en los cascos urbanos de San Juan del Cesar, Villanueva y Riohacha (La Guajira) y Valledupar (Cesar), principalmente.

Luego de su forzada salida, la población de Potrerito que se beneficiaba con programas sociales quedó totalmente desprotegida, en razón a que los recursos correspondientes a esta comunidad fueron suspendidos. Al respecto las autoridades de Potrerito solicitan a las entidades públicas concernidas investigar el destino final de los recursos que estaban destinados originalmente a la comunidad y que nunca recibieron.

La gente de Potrerito lo perdió todo. No solamente la infraestructura física del poblado fue arrasada totalmente, sino que la dispersión a causa del desplazamiento, rompió abruptamente los lazos comunitarios y la red de relaciones culturales. Así mismo los vínculos con su territorio y sus sitios sagrados fueron interrumpidos.

En la práctica la comunidad desapareció pero no así las familias que luego de algo más de tres (3) años de haber abandonado Potrerito, se cansaron de tanto esperar a que se presentaran mejores garantías y llegara el prometido apoyo gubernamental para su retorno, decidieron tomar la iniciativa y avanzar con una propuesta que les permita volver a su lugar de origen para así recomenzar sus vidas, proteger sus tradiciones culturales y evitar que lejos de su tierra se les siga vulnerando sus derechos como Wiwa.

Las autoridades de Potrerito instaron a las entidades públicas a que acompañen de cerca sus deseos y esfuerzos por volver a su territorio tradicional. Para hacer efectivo el retorno, las autoridades de la comunidad, presentaron una amplia propuesta que contiene, entre otros, los siguientes puntos:

1. Reconstrucción de toda la infraestructura física que fue destruida.
2. Restauración y recuperación de la vía carreteable que une a La Junta con la comunidad.
3. Saneamiento y ampliación del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, de conformidad con la proyección que han hecho las comunidades Wiwa que habitan en jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira).
4. Presencia permanente de la institucionalidad civil del Estado, con la puesta en ejecución de programas sociales dirigidos principalmente a la población más vulnerable.
5. Reparación e indemnización para las familias víctimas del desplazamiento forzado.
6. Seguridad y protección adecuadas y apropiadas, para todas las familias que harán le retorno y se establecerán en la comunidad.
7. En el censo que se llevará a cabo en el Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, contabilizar a todas las familias y comunidades Wiwa que se encuentran en situación de desplazamiento y bajo ninguna circunstancia excluirlas de ser contadas como habitantes actuales del resguardo.

Sin excluir que las entidades gubernamentales del nivel departamental y municipal avancen en el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos para con el retorno de la comunidad de Potrerito, para las familias en situación de desplazamiento la propuesta de retorno debe ser también abordada en el contexto del proceso de concertación de las medidas de protección a que se refieren las medidas cautelares otorgadas al pueblo Wiwa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH--.

Para dar inicio a este proceso de concertación, actualmente nuestro pueblo está a la espera de una respuesta concreta del Gobierno Nacional.

San Juan del Cesar, (La Guajira), 26 de agosto de 2005

OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA

SOBRE EL CENSO NACIONAL:

PLANTEAMIENTOS DEL PUEBLO WIWA AL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DANE

La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona --OWYBT-- a través de la presente comunicación pública se permite poner en conocimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística --DANE--, lo siguiente:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH--, hacia los primeros días del mes de febrero de 2005, emitió medidas cautelares en favor del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

2. El pueblo Wiwa, a través de la OWYBT, ha convocado a las entidades gubernamentales y estatales que tienen competencia en lo referido a los derechos humanos, para que se proceda a iniciar el proceso de concertación de los mecanismos de protección que nuestro pueblo requiere para evitar y/o mitigar las violaciones a sus derechos humanos.

3. La problemática de las familias y comunidades Wiwa en situación de desplazamiento y que se encuentran actualmente viviendo por fuera de los límites del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco es uno de los temas que nuestro pueblo desea abordar en el espacio de concertación originado por las medidas cautelares.

4. Estas familias y comunidades Wiwa en situación de desplazamiento atraviesan actualmente por unas difíciles condiciones de vida y, adicionalmente, algunos de sus derechos humanos han venido siendo vulnerados en tanto que otros se encuentran en inminente riesgo de amenaza, debido principalmente a encontrase fuera del territorio, lejos de la jurisdicción de nuestro gobierno propio y distantes del poder protector de nuestros Mamos y Sagas, razón por la cual requieren de especiales mecanismos de protección.

5. En los talleres de capacitación impartidos por el DANE en Tezhumke, jurisdicción de Valledupar (Cesar) y en Achíntukua, jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira), se le informó a la OWYBT que aquellas familias y comunidades que se encuentren, por más de seis meses, localizadas en cabeceras urbanas y fuera de sus resguardos, no serán incluidas en el conteo censal de los resguardos de origen.

6. Para nuestro pueblo, excluir del conteo censal del resguardo a las familias y comunidades Wiwa que por diversas razones se encuentran por fuera de sus límites --entre ellas y la de mayor proporción que corresponde al desplazamiento forzado a causa del conflicto armado-- es equivocado y a futuro puede significar un debilitamiento de nuestro gobierno propio y, tal vez lo más grave, una vulneración a los derechos humanos y colectivos de esas familias y comunidades Wiwa.

7. La gran mayoría de familias y comunidades Wiwa tienen la percepción y la esperanza que la actual situación de desplazamiento en que se encuentran es transitoria y será superada con los retornos, muchos de los cuales, valga decir, no se han llevado a cabo por que no se han dado las garantías de protección y de acompañamiento de las entidades civiles del Estado. Es así que excluir del conteo censal del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, a las familias y comunidades Wiwa que añoran un regreso a su territorio de origen, es generarles más angustias, frustraciones y tristezas, por cuanto sienten que una situación transitoria está siendo tomada por el Gobierno Nacional como una situación definitiva y permanente.

8. Dado que el Wiwa debe ser tratado como lo que es, un pueblo con derecho al territorio, a la autonomía de su gobierno propio y a la permanencia de su cultura en el contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta, discriminaciones de esa naturaleza en que se cuentan a unos Wiwa y se dejan de contar a otros que de manera forzada se encuentran fuera de su resguardo, van a generar numerosos problemas de distinta índole, en cuanto vulneran nuestra autonomía y nuestro gobierno propio.

Teniendo presente el cuadro anteriormente descrito, la OWYBT hace los siguientes planteamientos:

a- Que las familias y comunidades Wiwa que se encuentran en situación de desplazamiento a causa del conflicto armado, sean incluidas sin discriminación alguna, en el conteo censal correspondiente al Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco.

b- Que esta problemática que se ha planteado sea resuelta en el marco del proceso de concertación de las medidas cautelares que está por comenzar entre nuestro pueblo y las entidades gubernamentales y estatales involucradas.

c- Entre tanto y mientras se resuelven las inquietudes expuestas, la OWYBT declara una moratoria a la realización del censo en nuestro territorio y en el Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, y, en ese orden de ideas solicita respetuosamente que no se sigan adelantando ningún tipo de actividades o procedimientos relacionados con este censo.

Valledupar (Cesar), 26 de agosto de 2005


OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA

Casa Indígena, Avenida Hurtado. Telefax: (095) 5737026. Valledupar – Cesar – Colombia
E.mail: organizacionwiwa@latinmail.com



LA COMUNIDAD WIWA DE POTRERITO EXPRESA SU DESEO DE RETORNAR

“Para poder seguir viviendo, nuestras familias, lejos de su territorio, ahora sobreviven. No queremos seguir sobreviviendo. Nuestro deseo es retornar para volver a saber lo que es vivir”.
Doña Evangelina
Saga de Potrerito

El 25 de agosto de 2005, en la Casa Indígena del corregimiento de La Junta, (San Juan del Cesar – La Guajira), casi un centenar de Wiwa en situación de desplazamiento, se reunió ante diferentes entidades gubernamentales y estatales, para expresar públicamente su deseo indeclinable de retornar a la comunidad de Potrerito.

Como se recordará, el 14 de julio de 2002 la comunidad de Potrerito fue totalmente destruida a causa de indiscriminados bombardeos y combates entre los diferentes actores armados que operan y tienen presencia en la región, lo que derivó en un gigantesco desplazamiento forzado y masivo de toda la comunidad.

Según los datos presentados en la reunión por las autoridades de Potrerito, de la infraestructura de la comunidad fueron destruidos los siguientes inmuebles y equipos: 57 viviendas, 3 aulas escolares, 1 centro de salud con toda su dotación, 4 casas ceremoniales (Unguma), 1 casa comunitaria, 1 local donde funcionaba la tienda comunitaria, 1 acueducto comunitario que funcionaba por gravedad y 1 estanque piscícola. Además de ellos fueron destruidas 57 plantas de energía solar y 57 tasas campesinas (baños).

Actualmente las familias de Potrerito se encuentran dispersas y desperdigadas en varios lugares de la región. Algunas se refugiaron en otras comunidades del pueblo Wiwa, en tanto que otras en su huída se ubicaron en los cascos urbanos de San Juan del Cesar, Villanueva y Riohacha (La Guajira) y Valledupar (Cesar), principalmente.

Luego de su forzada salida, la población de Potrerito que se beneficiaba con programas sociales quedó totalmente desprotegida, en razón a que los recursos correspondientes a esta comunidad fueron suspendidos. Al respecto las autoridades de Potrerito solicitan a las entidades públicas concernidas investigar el destino final de los recursos que estaban destinados originalmente a la comunidad y que nunca recibieron.

La gente de Potrerito lo perdió todo. No solamente la infraestructura física del poblado fue arrasada totalmente, sino que la dispersión a causa del desplazamiento, rompió abruptamente los lazos comunitarios y la red de relaciones culturales. Así mismo los vínculos con su territorio y sus sitios sagrados fueron interrumpidos.

En la práctica la comunidad desapareció pero no así las familias que luego de algo más de tres (3) años de haber abandonado Potrerito, se cansaron de tanto esperar a que se presentaran mejores garantías y llegara el prometido apoyo gubernamental para su retorno, decidieron tomar la iniciativa y avanzar con una propuesta que les permita volver a su lugar de origen para así recomenzar sus vidas, proteger sus tradiciones culturales y evitar que lejos de su tierra se les siga vulnerando sus derechos como Wiwa.

Las autoridades de Potrerito instaron a las entidades públicas a que acompañen de cerca sus deseos y esfuerzos por volver a su territorio tradicional. Para hacer efectivo el retorno, las autoridades de la comunidad, presentaron una amplia propuesta que contiene, entre otros, los siguientes puntos:

1. Reconstrucción de toda la infraestructura física que fue destruida.
2. Restauración y recuperación de la vía carreteable que une a La Junta con la comunidad.
3. Saneamiento y ampliación del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, de conformidad con la proyección que han hecho las comunidades Wiwa que habitan en jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira).
4. Presencia permanente de la institucionalidad civil del Estado, con la puesta en ejecución de programas sociales dirigidos principalmente a la población más vulnerable.
5. Reparación e indemnización para las familias víctimas del desplazamiento forzado.
6. Seguridad y protección adecuadas y apropiadas, para todas las familias que harán le retorno y se establecerán en la comunidad.
7. En el censo que se llevará a cabo en el Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, contabilizar a todas las familias y comunidades Wiwa que se encuentran en situación de desplazamiento y bajo ninguna circunstancia excluirlas de ser contadas como habitantes actuales del resguardo.

Sin excluir que las entidades gubernamentales del nivel departamental y municipal avancen en el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos para con el retorno de la comunidad de Potrerito, para las familias en situación de desplazamiento la propuesta de retorno debe ser también abordada en el contexto del proceso de concertación de las medidas de protección a que se refieren las medidas cautelares otorgadas al pueblo Wiwa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH--.

Para dar inicio a este proceso de concertación, actualmente nuestro pueblo está a la espera de una respuesta concreta del Gobierno Nacional.

San Juan del Cesar, (La Guajira), 26 de agosto de 2005

OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA


Casa Indígena, Avenida Hurtado. Telefax: (095) 5737026. Valledupar – Cesar – Colombia
E.mail: organizacionwiwa@latinmail.com