Pueblo Wiwa

sábado, febrero 24, 2007

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA “ELC0RAZON DEL MUNDO”



CONTINÚA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIO
EN CONTRA EL PUEBLO WIWA-KOGUI



Las cuatros tribus Etnias es decir Los Kogui-Wiwa-Arhuaco y Kankuamos provenimos de la familia Ligüística CHIBCHA, y somos descendientes de los TAYRONAS. Nuestro hogar es La Sierra Nevada de Santa Marta, allí vivimos desde tiempos inmemoriales, misión encomendada por nuestro padre como lo es Ade SERANKUA es cuidar La Sierra Nevada de Santa Marta “EL CORAZÓN DEL MUNDO”. De la madre tierra provenimos y somos lo que somos, la que nos fue dada desde el origen del mundo, es la que sustenta nuestra convivencia, nuestra razón de ser como indígenas de la Sierra, en este territorio están las normas que como portadores de una cultura determinada debemos cumplir, es donde están cada uno de los sitios de nuestra historia, es los que compone lo que podremos denominar como territorio propio, como espacio sagrado que alimenta y fortalece y nos da la existencia en el universo. Por lo tanto, este espacio es propio de todos y cada uno de aquellos Pueblos a los que la Madre espiritual les encomendó unas misiones específicas, que debemos cumplir y que tan solo se pueden concretar en el espacio denominado Sierra Nevada. En últimas, el territorio es donde están escritas las Leyes y las Historias Wiwa sin las cuales no seríamos pueblos con culturas diferentes.

En nuestro hogar existen lugares sagrados tan solo tienen razón de ser cuando están intercomunicados. Cada lugar por si solo no puede cumplir con su principal función de proteger el corazón del mundo, la Sierra Nevada, donde está guardado el conocimiento. La Línea Negra traza los límites del corazón del mundo, y ella contiene los guardianes o dueños de aquellos que se encuentran al interior de la Sierra. Aquellos son los que velan por el saber de la montaña, donde nuestros Mamos siguen practicando el conocimiento y el cuidado del corazón del mundo. De esta práctica depende también la sobrevivencia del conjunto del cuerpo universal. Si los puntos de la parte baja se dañan, esto afecta a los de arriba, a los Mamos, a los humanos, a la naturaleza, a la vida, es un todo. En resumen, no es simplemente un límite, más bien son las señales culturales que nos dicen lo que debemos hacer para que el manejo ambiental sea acorde a la educación que nos hace ser pueblos indígenas. Es la pauta a seguir para lograr la convivencia entre pueblos y culturas diferentes, entre los hombres y la naturaleza.

Esta tierra nos fue dada a los cuatro pueblos indígenas desde los inicios, antes que el mundo se materializara en cerro, piedra, árbol, cielo, sabana, casa, etc. En eso creemos que no puede haber discusión, nos preocupa que por medio de la disputa y generación de conflictos, nos quiten la libre movilización en nuestro territorio si tan sólo estamos reclamando el justo y legítimo derecho de recuperar nuestro territorio ancestral y continuar en éste por los milenios.

En la consulta al zhátukwa, nuestros consejeros ven las leyes del origen, del principio que siempre ha existido, es una existencia espiritual, es el principio espiritual de la existencia. zhátukwa no es una persona, no es cosa, es todo en su conjunto, es complejo, él materializó el mundo, pero hay muchos más en la existencia espiritual.

Los primeros padres espirituales, cuando todo estaba oscuro, en el plano donde nuestra vista no puede alcanzar, dieron origen al espíritu y al pensamiento. Ellos crearon todo en espíritu, en el mundo no material, no eran gente ni aire ni cosa, solo una idea. La ley del mundo espiritual que transforma el material, legislaba todo en armonía, desde el principio hasta el fin. Por eso el primer paso es recuperar la ley de origen, cumplirla, pagar el tributo y conducir el pensamiento hacia el equilibrio, hacia la existencia espiritual y hay diversas existencias, hay una material y muchas en espíritu. La ley de origen es construir con el pensamiento, por eso hay que pedir permiso para poder utilizar lo que se necesita, hay que educar para cumplirla. Esta ley fue entregada a los hermanos mayores y por eso nuestra responsabilidad es proteger mediante el cumplimiento de todo cuanto existe. El mundo espiritual surgió de allí aún cuando no tenía carne ni cuerpo ni órgano. Los primeros Padres espirituales empezaron a estudiar la organización de la diversidad espiritual, para poder llegar a la materialización de lo que hoy existe.

A cada especie se le dio una función específica y un tributo. Cuando los Mamos hacen las consultas están comunicándose con la naturaleza, por eso responden a la ley de origen espiritual, la cual tiene el poder de gobernar el mundo, puede acabar y volver a construir el mundo porque no muere, siempre está dirigiendo, exigiendo el cumplimiento. Cuando el cumplimiento de la ley no se da, puede destruir y hacer otros porque se tiene muchas cosas que no ha materializado todavía. Por eso es la exigencia que hacen los Mamos hoy día: la confesión y pagamento espiritual; en otras palabras, el mundo espiritual está sostenido a lo espiritual ya que sin éste no podría existir nada.

La ley de origen es la ley del conocimiento y el cumplimiento en espíritu de las leyes que mantienen en orden el universo. A los pueblos indígenas de la Sierra nos dejaron la ley y la misión de pagar los tributos de todo cuanto existe, los árboles, agua, piedra, lluvia, atmósfera, laguna y, todos los Mamos recibieron este compromiso. Esta Ley es el principio y la creación de la ley de origen espiritual, es el pensamiento de nuestra ley de origen, la protección, la construcción permanente para nuestra fortaleza, es en últimas el ciclo de la vida.

La organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, nace el pensamiento de los Mamo y Saga apoyado en sus conocimientos tradicionales de la madre tierra y de la Ley de origen, para fortalecer la parte interna del pueblo Wiwa de acuerdo a nuestros Usos, Costumbres, Creencias y Tradiciones.

Preocupado por las continuas violaciones de los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se permite comunicar a la opinión pública nacional e internacional, ONGs lo siguientes:


SUCESOS


1- Como es bien conocido por diversos comunicados que se han emitido a la opinión pública, el día 04 de febrero del 2005 al Pueblo Wiwa le otorgaron las Medidas Cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde entonces la dinámica del conflicto armado que se vivía en el territorio Wiwa cambio de estrategia y modalidad; en la actualidad este aún no cesa ha pesar de los cuatros mandato emitidos por la Corte hacia al Estado Colombiano.

- Adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los miembros del Pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio, conforme a las obligaciones contraídas por el Estado.

- Brindar atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento y de la crisis alimentaría, en particular a las niñas y niños del pueblo indígena.

- Concertar las medidas de protección colectiva, incluyendo la presencia de un defensor comunitario, con los beneficiarios, a través de sus organizaciones representativas Wiwa Yugumaiun Bukuanarúa Tayrona OWYBT y la Organización Gonawindua Tayrona y los peticionarios.

- Adoptar las medidas necesarias a fin de poner término a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiaria.


2- Han pasado dos largos años de desde se Otorgaron las Medidas Cautelares, ha favor del Pueblo Wiwa y La OWBYT Organización que representa al los Wiwa, ha tiene toda la voluntad e interés de avanzar en el proceso de concertación con todas las Autoridades Tradicionales y miembros en general del pueblo Wiwa sobre los diferentes tipos de protección de acuerdo a nuestros Usos, Costumbres, Creencia y Tradición, por otra parte también se ha presentado un proyecto a la Cancillería para que provea los recursos necesarios que ameriten los encuentro con todo el pueblo Wiwa. del cual no se le ha prestado atención alguna, lo mínimo que se ha concertado han sido paños de agua tibia particulares y no colectivas que no alcanza ha salvaguardar la vida amenazadas da la impresión no hay la voluntad de procedimiento y política de los gobiernos Municipales, Departamentales y Nacional.

3- El día domingo 21 de enero del 2007, siendo las 6:30 AM en la Peña de los Indios comunidad del Pueblo Wiwa la cual queda ubicada en jurisdicciones del corregimiento de Guayacanal Municipio de San Juan del Cesar-La Guajira ingreso un vehiculo de color rojo marca Toyota Hi-Lux con varios sujetos (5 personas según afirmaciones de la comunidad) los cuales no se identificaron dos sujetos de civiles los cuales estaba sin camisas se bajaron del carro y ocultando su rostro con las camisas emprendieron rumbo hacia la parte alta del cerro de donde queda ubicada la comunidad, en sus manos llevaban una pala, luego de unos cuantos minuto de camino se encontraron con algunos miembros de la comunidad, quienes alcanzaron ha reconócelos, uno había militado en la subversión guerrillera y el otro era del ejército Batallón Rondón de Buena Vista, por que en varias ocasiones lo han visto vestido de camuflado en los retenes que tiene el ejército en la vía que conduce a la Loma del Potrero y la Peña. Por otra parte de acuerdo a los testimonios de la comunidad los reconocían por que en el mes de octubre del año 2005 habían ingresado cinco personas de civiles a la comunidad y entre ellos andaban estos dos sujetos los cuales no pronunciaban palabra alguna los cual les parecía muy sospechosos, estos hechos han generado temor y zozobra en los miembros del Pueblo Wiwa que habitan esas comunidades y desconfianza en las tropas del que patrullan la región.

4- La forma de proceder de los sujetos, hizo que la comunidad se alertara, algunos se acercaron al vehiculo, el conductor se les encimo y les digo “nosotros andamos buscando la gente de arriba, queremos hablar con ellos, no se preocupen, venimos de Riohacha de la UNAD andamos repartiendo unos alimentos, el camión viene atrás, nosotros nos adelantamos”. Según los testimonios de la comunidad dentro del carro habían dos personas los cuales no se bajaron del carro y cuanto trataban de acércale al vehiculo el conductor lo impidió, este señor era de color moreno, alto vestido con una franela manga larga, verdecita, lo cierto es estos señores estaban desesperados y preocupado, en cada momento se comunicaban. Luego se dirigieron con rumbo hacia la comunidad de la Loma del Potrero en donde mandaron que les hicieran desayuno, con la misma insistencia y preocupación se comunicaban en cada momento, en varias ocasiones el carro subía y bajaba entre la comunidades de la Peña y la Loma, al rededor de las 10:30 AM se marcharon con los cincos sujetos que habían ingresado al resguardo con rumbo hacia San Juan del Cesar.

5- El día 25 de enero, en hora de la noche ingresaron las tropas del Batallón Rondón de Buena Vista y por mañana del día 26, ingreso a comunidad de la Peña de los Indios nueva mente el mismo carro, con los dos sujetos que habían partido hacia la parte alta de la comunidad el conductor todos vestido de camuflado, con arma y equipo dotación acompañado de las tropas del ejército adscrito al Batallón Rondón de Buena Vista, con palas y pico; Según las justificaciones del señor coronel MORALES del Batallón Rondón de Buena Vista sus tropas solo estaban realizando la desactivación de un CAMPO MINADO d acuerdo a informaciones de inteligencia ¡ Pero con pico y Pala ! esto deja muchos interrogantes que resolver.

6- En mes de octubre del 2005, se realizo una verificación a las Comunidades de El Limón, la Laguna y Potrerito para conocer la problemática que de cerca que afrontaban las comunidades y darle una pronta solución a las misma; dicha comisión estaba conformada, por representante del Gobierno Nacional, Departamental, municipal (Guajira), Defensoria del Pueblo y Miembros de la OWYBT. En la comunidad de Potrerito se acordaron unas series de compromisos por parte del Gobierno en cuanto al tema de Retorno, Construcción de Vivienda, Salud, Educación, Territorio, etc. Después de un año con cuatro meses estas comunidades ha estas comunidades no se le ha hecho ningún tipo de inversión y al parecer las visitas realizadas por parte del gobierno solo fue un paseo turístico para justificar sus intereses a la Corte Interamericana. En la actualidad algunas familias han retornados al Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, por su propia voluntad y riesgo a las comunidades de Potrerito, El Limón, La Laguna, Sabana Grande sin recibir ningún tipo de ayuda en las inversiones sociales por partes de los gobiernos Municipales de San Juan del Cesar, Riohacha, Dibulla, Valledupar, Santa Marta, los Gobiernos Departamentales del Cesar, Guajira y Madalena y a nivel Nacional, se acuerdan reuniones y fechas de seguimientos del proyecto de vivienda e intervención social para la comunidad de Potrerito con las instituciones y por parte de estas no se cumplen.

Foto No 1
Escombros de una de las viviendas de la comunidad de Poterito (Ruzhayu) quemada y
Destruida el día 14 de julio del 2002.

7- El día vierne 9 de febrero de año en curso, siendo las 9:00 AM en la vereda de Naranjal resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, donde habitan familias de la Etnia Kogui-Wiwa en jurisdicciones del municipio de Riohacha-La Guajira se presentaron tres (3) Aviones de la FAC “Fuerza Aérea Colombiana” BOMBARDEARON y AMETRALLARON esta vereda. Resultando afectada siete familias compuesta por 26 personas entre Hombres, Mujeres y Niños aproximadamente de diferentes edades, este hecho tan lamentable dejo como resultado las familias afectadas desplazadas hacia parte alta del río Tapia cerca de los paramos, árboles frutales de diferentes clases, dos casa una de material y una tradicional, dos mulas quemadas, un potrero totalmente quemado, los impactos de las bombas y los ametrallamientos han afectado psicológicamente y moralmente a estas familias las cuales sienten temor de regresar a sus parcelas donde tienen sus cultivos, de acuerdo con las informaciones suministrada por habitantes de la región las tropas del Batallón Cartagena vienen cometiendo violaciones, maltratos y temor desde hace mucho tiempo a tras, el día 13 de enero las tropas del Batallón Cartagena ingresaron supuestamente ha recoger los cadáveres de los subversivos dado debaja por el bombardeo y al no encontrar nada se regresaron el mismo día con rumbo hacia municipio de Riohacha.

Ver fotografías
Foto No 1
Lugar donde impacto una de las bomba lanzada desde una Avión de la FAC.

Foto No 2
Panorama donde impacto una bomba lazada desde un avión de la FAC en el encuentro de un arroyo con el río Tapia punto sagrado demarcado por una Piedra.
Foto No 3Pedazos de mátales restantes de la Bomba que no alcanzaron a destruirse.


VALLEDUPAR, FEBRERO 19 DEL 2007

martes, enero 17, 2006



EN MENOS DE UN MES:
CUATRO MUERTOS POR LOS ACTORES ARMADOS Y DOS DETENCIONES, ENTRE ELLAS LA DE UNA LÍDER





La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), se permite informar a la opinión pública nacional e internacional los siguientes

HECHOS

1. Laudelino Montaño Loperena, gunama de la comunidad de Ulaka (Ulago), localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), fue muerto por tropas del batallón Rondón del Ejército Nacional, el 10 de diciembre de 2005 en horas de la madrugada, en un sitio localizado entre las comunidades de Ulaka y Abo Guaquina (Sabana de Joaquina), en un supuesto enfrentamiento con miembros de las FARC.

Sus familiares, miembros y autoridades de la comunidad sostienen que el 9 de diciembre de 2005 tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la comunidad para capturar a Laudelino Montaño Loperena por lo que no le dan crédito alguno a las versiones castrenses que señalan un supuesto combate y, contrariamente, manifiestan claramente que lo que se presentó en ese lugar fue una ejecución extrajudicial.

2. Ricardo Arias Solís, gunama de la comunidad de Abo Guaquina (Sabana Joaquina), localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira) y Celso Carrillo Perea, gunama de la comunidad de El Limón, localizada en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira) y quien se encontraba en situación de desplazamiento en la comunidad de Abo Guaquina (Sabana Joaquina), hacia las 8:00 AM del 3 de enero de 2006, estando juntos en esta comunidad, fueron abordados por hombres armados quienes se los llevaron.

El 4 de enero de 2006 en horas de la mañana miembros de esta comunidad escucharon disparos provenientes de un lugar cercano a la comunidades Kággaba (Kogui) de Mamarongo y Wiwa de Guamaka, localizadas en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira).

En el transcurso de ese mismo día diversos medios radiales locales, basados en fuentes oficiales militares, informaron sobre la ocurrencia de un combate y refirieron que tropas del Ejército Nacional habían dado de baja a dos miembros de las FARC identificados con los alias de “Agustín” y “Cesar”.

El 6 de enero de 2006 los familiares se enteran con sorpresa que los supuestos miembros de las FARC muertos no eran otros que Ricardo Arias Solís y Celso Carrillo Perea. Familiares, miembros y autoridades de la comunidad aseguran que en el grupo de hombres que se llevaron a los dos Wiwa, se encontraban dos desertores y reinsertados de las FARC quienes actualmente se encuentran vinculados como informantes y cooperantes al Ejército Nacional, por lo que rechazan tajantemente la versión militar que habla sobre los “dados de baja” en un supuesto combate.

3. Los hombres armados que se llevaron a Ricardo Arias Solís y Celso Carrillo Perea previamente habían estado en la comunidad de Seminke, localizada en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), buscando al Mamo Ambrosio Chimusquero y al Comisario Mayor Sebastián Mojica, quienes afortunadamente no se encontraban en su comunidad en ese momento. Dadas estas circunstancias Ambrosio Chimusquero y Sebastián Mojica temen por sus vidas y se encuentran bastante atemorizados.

Este temor es extensivo y generalizado a autoridades tradicionales y líderes de la organización, sobre todo de aquellos que han denunciado estos hechos.

4. Bernardo Montaño Armenta, gunama de la comunidad de La Peña de los Indios, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), quien se había desplazado hacia el casco urbano de ese municipio para realizar una visita familiar, fue asesinado en plenas calles del municipio hacia las 11:20 AM del 9 de enero de 2006 por varios disparos que le propinaron dos hombres armados, pertenecientes a los grupos paramilitares, quienes después de cometer el crimen huyeron del lugar.

5. Carmen Cecilia Arias Cáceres, quien se desempeñaba como enfermera de la comunidad de Marokazo, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), siendo aproximadamente las 6.30 PM del 7 de enero de 2006 fue capturada cuando llegaba a una vivienda ubicada en el barrio Divino Niño del municipio de Valledupar (Cesar) por miembros de la SIJIN de la Policía Nacional y llevada a la permanente central de esa ciudad donde actualmente se encuentra recluida y se le sigue un proceso por rebelión.

Por amenazas contra su vida propinadas por las FARC, Carmen Cecilia Arias Cáceres, a fines de noviembre de 2005, se había vista precisada a desplazarse hacia el municipio de Valledupar (Cesar) y estaba gestionando ante Dusakawi IPS, empresa a la cual está vinculada desde hace seis años, su traslado al hospital ubicado en el casco urbano de San Juan del Cesar (La Guajira).

6. José Eduardo Maestre Crespo, gunama de la comunidad de Sabana Joaquina, el 11 de diciembre de 2005, fue capturado por tropas del batallón Rondón del Ejército Nacional. Actualmente se encuentra recluido en un centro penitenciario de Valledupar (Cesar) en donde se le sigue un proceso por rebelión.

Miembros y autoridades de la comunidad, mediante un comunicado de prensa, rechazaron enfáticamente esta captura así como el señalamiento que se le imputa a José Eduardo Maestre Crespo de pertenecer a un grupo armado ilegal.

7. Juan de Jesús Mendoza Arias, si bien indígena Kankuamo pero considerado como gunama de Yorrua (El Cerro), comunidad localizada en jurisdicción del municipio de Valledupar (Cesar), fue maltratado y capturado en esta comunidad el 3 de agosto de 2005 por tropas del batallón La Popa del Ejército Nacional y desde esa fecha se encuentra recluido en la cárcel judicial de Valledupar (Cesar) donde se le sigue proceso supuestamente por rebelión.

Transcurridos seis meses desde su captura, a Juan de Jesús Mendoza Arias no se le ha resuelto aún su situación jurídica pese a que las pruebas que existen en su contra son muy frágiles y están fundadas en testimonios poco fiables. Los familiares, miembros y autoridades de Yorrua (El Cerro) y la organización misma, consideran que Juan de Jesús Mendoza Arias está detenido de manera injusta.

La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) expresa su honda preocupación por estos recientes hechos de violencia cometidas contra el pueblo Wiwa, manifiesta su temor ante la eventualidad de que se agrave la crítica situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario que se viene dando y hace un

LLAMAMIENTO

1. A los diferentes actores armados del conflicto para que cesen inmediatamente sus ataques y hostilidades contra los miembros y comunidades del pueblo Wiwa y respeten la decisión que desde tiempo atrás se ha tomado de no participar de ninguna manera en un conflicto armado que no entendemos y no nos pertenece.

2. A las instituciones gubernamentales a que se sienten perentoriamente a discutir con la OWYBT las medidas de protección que se requieren y necesitan para proteger los derechos humanos y colectivos del pueblo Wiwa.

3. A las instituciones del Estado colombiano a que adelante inmediatamente las investigaciones a que haya lugar para que se sancione disciplinaria y penalmente a los responsables y se evite la impunidad sobre estos hechos.

4. A las agencias del Sistema de Naciones Unidas que tienen competencia en el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para que brinden un acompañamiento más decidido al pueblo Wiwa en su esfuerzo por consolidar propuestas de resistencia civil contra la violencia política y los efectos del conflicto armado.

5. A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que frente al pueblo Wiwa exijan al Estado colombiano el cumplimiento de su mandato constitucional y legal de proteger y promover de manera pertinente y oportuna los derechos humanos y colectivos de nuestro pueblo.

Para comenzar a implementar medidas de protección urgentes la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT)

PROPONE

La conformación y desplazamiento de una misión humanitaria a las comunidades de Seminke, Ulago, Sabana Joaquina y Marokazo que brinde un acompañamiento a las autoridades, líderes y comunidades de esta región que permita definir medidas urgentes e inmediatas de protección.

Es necesario que la comunidad nacional e internacional rodee solidaria y fraternalmente al pueblo Wiwa para que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.



Valledupar, Cesar, 11 de enero de 2006

OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA




EL SUSCRITO
CABILDO GOBERNADOR DEL RESGUARDO KOGUI-WIWA


CERTIFICA

Que Carmen Cecilia Arias Cáceres, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.496.508 expedida en Valledupar- Cesar; es indígena Wiwa miembro activo de la comunidad de Marokazo, localizada en jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira), donde se desempeña, desde hace seis años, como enfermera del puesto de salud de esta comunidad.

Que Carmen Cecilia Arias Cáceres viene participando de manera regular y permanente en las actividades propias de la Organización, por lo que es considerada como una líder que tiene un trabajo importante al interior de su comunidad.

Que a Carmen Cecilia Arias Cáceres, en su trayectoria como líder indígena, no se le han conocido nunca vínculos con ningún grupo armado ya sea legal o ilegal y más bien por mantenerse su independencia frente a estos recibió amenazas contra su vida por parte de las FARC lo que la obligó a desplazarse, a fines de noviembre de 2005, hacia la cabecera municipal de Valledupar (Cesar), para lo cual anexamos derecho de petición a la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el caso en especial.

Dada en Valledupar (Cesar) a los diez (10) días del mes de enero de dos mil seis (2006)



OTONIEL GIL CHIMUSQUERO

En apoyo se anexan, en hojas adjuntas, copias de las firmas de autoridades y miembros de las comunidades del pueblo Wiwa:


[Transcripción del oficio dirigido por las autoridades de las

comunidades Wiwa de Sabana Joaquina y Seminke a la Organización

Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT)]


Sabana Joaquina, 7 de enero de 2006


De la manera más atenta, y con gran generosidad, nos dirigimos a ustedes, para manifestarles las inquietudes más aterrantes de esta comunidad:

1. El 28 de abril de 2005 fueron detenidos el señor Luis Guillermo Maestre y su señora Mayra Cáceres, habitantes de esta comunidad. Detenidos por tropas del Grupo Rondón de Buenavista, sindicados de rebelión, información dada por desertores guerrilleros.

2. El 4 de julio de 2005 fue capturado el docente de esta comunidad Alcibíades Mejía Solís por tropas del Grupo Rondón, sindicado por rebelión, información dada por los desertores. Ha sido detenido cuatro veces.

3. El 25 de agosto de 2005 fue capturado el joven Luis Guillermo Maestre Cáceres, de dieciséis años, señalado por desertores.

4. El 9 de diciembre de 2005 tropas del Grupo Rondón comandados por el teniente Ortiz y el cabo Romero, se llevaron al señor Laudelino Mejía Montaño de su casa, en la comunidad de Ulago. Lo asesinaron el 10 del mismo mes en jurisdicción de esta comunidad.

5. El 11 de diciembre de 2005 fue detenido el señor José Eduardo Maestre Crespo, de treinta y cuatro años de edad, por tropas del Grupo Rondón, bajo la responsabilidad del teniente Ortiz y el cabo Romero. Sindicado de rebelión, información dada por desertores.

6. Recientemente el 3 de enero de 2006, tropas del Grupo Rondón estaban ubicadas en la parte occidental de la comunidad de Seminke, mandaron llamar a los señores Celso Carrillo Perea y Ricardo Arias Solís. Esto fue el mencionado día martes 3 de enero y el día miércoles 4 de enero, siendo las 9:30 AM se escucharon varios tiros y bombas bastante lejos de donde se los llevaron. Hemos preguntado por todas partes y al final aparecen asesinados en Riohacha en estado de descomposición.

Los señores antes mencionados no tienen vínculos con grupos armados, solamente se dedicaban a la agricultura de la tierra para sustentar a sus hijos.

El señor Celso Carrillo Perea tiene a su cargo nueve hijos. El mayor tiene quince años de edad y la última está de cinco años de edad. El señor Ricardo Arias Solís tiene a su cargo cinco hijos. El mayor está de once años y la última está de dos años de edad.

Estas familias son de escasos recursos económicos y están involucradas al proyecto de la Cruz Roja Internacional que estableció en esta comunidad.

Nos preocupa el caso de los desertores, quienes después que le hacen mucho daño a nuestro país colombiano se entregan y tienen la mejor protección por el Estado y después vienen a las comunidades a entregar a personas inocentes y nativos como indígenas. Estos desertores deben ser juzgados por la justicia penal si en verdad pertenecen a grupos ilegales.

Por lo tanto necesitamos su presencia de manera urgente a esta comunidad, porque nos sentimos atemorizados por la fuerza pública que opera en nuestras comunidades y regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

De otra manera pensamos en un desplazamiento hacia el municipio de San Juan del Cesar con un número aproximado de cuatrocientas personas, entre niños, adultos y ancianos.

Nos suscribimos de ustedes,

Atentamente,

[Aparecen seis firmas de Comisarios y Cabos de las comunidades]

AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES DE SABANA JOAQUINA Y SEMINKE

Con Copias:

- Cabildo Gobernador de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).
- Personería Municipal de San Juan del Cesar.
- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
- Defensoría del Pueblo.
- Defensoría Comunitaria para la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar.
- Gobernación de La Guajira.
- Programa Presidencial para los Derechos Humanos.
- Medios de comunicación.

EL GOBIERNO NACIONAL NO TIENE VOLUNTAD DE CONCERTAR CON
EL PUEBLO WIWA LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS POR LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) PESE A QUE LAS CONDICIONES QUE LAS ORIGINARON SIGUEN VIGENTES

La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), se permite hacer públicas sus preocupaciones sobre lo siguiente:

1-. Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó las medidas cautelares, se han presentado varias violaciones a los derechos humanos y diversas infracciones al derecho internacional humanitario que han involucrado al pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre las que se pueden señalar, entre otras, las que a continuación se refieren:

- Noemí Ester Pacheco Zabatá, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo, miembro de la comunidad de El Cerro pero habitante de la comunidad Kankuama de Pontón, localizadas en jurisdicción del municipio de Valledupar (Cesar), fue asesinada en Pontón el 15 de febrero de 2005, junto a su esposo Kankuamo, Hermes Carrillo, por tropas del batallón La Popa, en un supuesto enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y las FARC. Sobre este hecho, familiares y miembros de las comunidades de Pontón y El Cerro expresaron que Noemí Ester Pacheco Zabatá y su esposo fueron previamente capturados en la comunidad de Pontón por tropas del batallón La Popa y no le dan crédito a las versiones castrenses que hablan de un pretendido combate.

- Juan Ignacio Solís, Antonio Solís Loperena, Miguel Solís Torres y Julio Solís Torres, miembros todos de la comunidad de Barcino, localizada en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), desde mediados de febrero de 2005 se encuentran desaparecidos, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento sobre su suerte. Este hecho fue cometido presuntamente por las FARC.

- Elkin Móvil Alberto, quien se desempeñaba como profesor de la comunidad de La Laguna, localizada en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira), fue detenido el 14 de abril de 2005 en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), señalado de pertenecer a la guerrilla de las FARC. Luego de permanecer injustamente detenido varios meses en una cárcel en el municipio de Valledupar (Cesar), Elkin Móvil Alberto fue dejado en libertad con lo que se puso de presente que las acusaciones que se le habían imputado estaban montadas sobre testimonios falsos. Una vez recobrada la libertad Elkin Móvil Alberto no pudo volver a ocupar su cargo de maestro puesto que comenzó a recibir constantes amenazas contra su vida, presuntamente provenientes de grupos paramilitares. Pese al riesgo en que se encuentra, Elkin Móvil Alberto no ha sido vinculado a ningún programa de protección del Gobierno Nacional.

- Ángel David Loaiza Zabala, de la comunidad de Piñoncito, jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira) y quien se encontraba en situación de desplazamiento en el municipio de Riohacha (La Guajira), fue asesinado en la propia puerta de su casa, al parecer por grupos paramilitares, el 25 de abril de 2005. En los mismos hechos fue herido de bala su hermano, Juan Tomás Loaiza Zabala.

- Los hermanos Beliza Armenta Mejía y Estéban Rutilio Armenta Mejía, fueron asesinados el 26 de febrero de 2005, en Sabana Joaquina, municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), al parecer por hombres armados pertenecientes a las FARC.

- Alcibíades Manuel Mejía Solís, quien se desempeñaba como profesor de la comunidad de Sabana Joaquina, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), fue capturado en su comunidad el 25 de agosto de 2005 por tropas del batallón Rondón y presentado ante los medios de comunicación como ideólogo del 59 Frente de las FARC. Luego de un periodo de estar bajo detención fue puesto en libertad al comprobarse su inocencia y hoy se encuentra amenazado por todos los actores armados, sin que se le haya brindado ningún tipo de protección.

- Rosa Armenta Nieves del caserío Las Colonias, localizado en jurisdicción del corregimiento de Cascajalito, perteneciente al municipio de Riohacha (La Guajira), el 28 de septiembre de 2005 fue asesinada presuntamente por grupos paramilitares.

- Un menor de edad de apellido Mojica, de aproximadamente ocho años de edad, miembro de la comunidad de El Limón, localizada en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira), quien se encontraba de paso en Las Colonias, desapareció de ese caserío en los mismos hechos en que fue asesinada Rosa Armenta Nieves. Hasta la fecha no se sabe sobre su paradero.

- Cuatro familias, de apellidos Borbón Nieves, que habitaban en el caserío de Las Colonias se vieron forzadas a desplazarse debido al temor que generó el asesinato de Rosa Armenta Nieves y la desaparición del menor de edad de apellido Mojica. Actualmente estas familias se encuentran en Venezuela sin que se les haya otorgado su estatus de refugiados, por lo que sus condiciones son muy precarias.

- Seis familias, de apellidos Alberto Loperena, que habitaban en Cielo de Oro, corregimiento de Cotoprix (Riohacha, La Guajira), el 12 de octubre de 2005 se desplazaron hacia los cascos urbanos de Cotoprix, Riohacha y San Juan del Cesar, en razón a que presuntamente el 59 Frente de las FARC, llegó al sitio donde estas familias habitaban para convertirlo en un lugar de refugio.

- Luis Oswaldo Nieves Montaño, quien se desempeñaba en El Limón como profesor y quien se encuentra en situación de desplazamiento en el municipio de Riohacha (La Guajira), en hechos confusos fue baleado hacia las 3:00 p.m. en el barrio “31 de Octubre” de Riohacha (La Guajira), el 14 de octubre de 2005. Luis Oswaldo Nieves Montaño sostiene que pudo haber sido víctima de un atentado contra su vida por su trabajo con los desplazados y por ser testigo de la masacre cometida en la comunidad de El Limón entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2002.

- Carmen Arias, de la comunidad de Marokaso, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), quien se desempeñaba como promotora de salud, se vio precisada a desplazarse, a fines de noviembre de 2005, hacia Valledupar (Cesar) porque recibió una perentoria amenaza contra su vida, al parecer proveniente de las FARC.

- Laudelino Montaño Loperena, de la comunidad de Ulago, localizada en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), fue muerto por tropas del batallón Rondón, el 10 de diciembre de 2005 en horas de la madrugada, en un sitio localizado entre las comunidades de Ulago y Sabana Joaquina, en un supuesto enfrentamiento con miembros de las FARC. Sus familiares, miembros y autoridades de la comunidad sostienen que el 9 de diciembre de 2005 tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la comunidad y capturaron a Laudelino Montaño Loperena por lo que no le dan crédito a las versiones militares que refieren un supuesto combate.







PRINCIPALES COMUNIDADES DEL PUEBLO WIWA
Para tener como referencia en cuanto a los beneficiarios de las medidas cautelares emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

1. Departamento de La Guajira

1.1. Municipio de San Juan del Cesar

1.1.1. Cuenca del río Marokaso

1.1.1.1. Marokaso.
1.1.1.2. Piñoncito.
1.1.1.3. Sabana Joaquina.
1.1.1.4. Seminke.

1.1.2. Cuenca del río Barcino

1.1.2.1. Barcino.
1.1.2.2. La Rinconada.
1.1.2.3. El Machín.
1.1.2.4. La Peña de los Indios.
1.1.2.5. Ulago.
1.1.2.6. El Caney.
1.1.2.7. La Loma del Potrero.

1.1.3. Cuenca del río Achíntukua

1.1.3.1. Achíntukua.
1.1.3.2. Limoncito.
1.1.3.3. Potrerito.
1.1.3.4. Sabana Grande.
1.1.2.5. El Hatico de Los Indios.
1.1.2.6. Piloncito.
1.1.2.7. El Placer.
1.1.2.8. La Sierrita.

1.1.4. Casco Urbano

1.1.4.1. Comunidades en situación de desplazamiento.

[Total de comunidades en San Juan del Cesar: 20].

1.2. Municipio de Riohacha

1.2.1. Cuenca del río Ranchería

1.2.1.1. Kuachirimke (La Laguna).
1.2.1.2. Wimake (El Limón).
1.2.1.3. Guamaka.
1.2.1.4. Wikumake (Las Cuevas).
1.2.1.5. Naranjal.

1.2.2. Casco Urbano

1.2.2.1. Comunidades en situación de desplazamiento (barrios el Dividivi y 31 de Octubre).

[Total de comunidades en Riohacha: 6].

1.3. Municipio de Dibulla

1.3.1. Cuenca del río Jerez

1.3.1.1. Guámake.

1.3.2. Cuenca del río Tapias

1.3.2.1. Curubal.

[Total de comunidades en Dibulla: 2].

[Total de comunidades en La Guajira: 28].

2. Departamento del Cesar

2.1. Municipio de Valledupar

2.1.1. Cuenca del río Badillo

2.1.1.1. Ahuyamal.
2.1.1.2. Bernaka.
2.1.1.3. Surimena.
2.1.1.4. Dukuka.
2.1.1.5. Simka.
2.1.1.6. Sekai.
2.1.1.7. Tezhumke.

2.1.2. Cuenca del río Cherúa

2.1.2.1. Cherúa.
2.1.2.2. Kunchurúa.
2.1.2.3. Pozo de Humo.

2.1.3. Cuenca del río Potrero

2.1.3.1. Dungakare.
2.1.3.2. El Rongoy.
2.1.3.3. Piedra Lisa.
2.1.3.4. El Cerro.
2.1.3.5. Avingüe.
2.1.3.6. Sabanas de Higuerón.

[Total de comunidades en Valledupar: 16].

[Total de comunidades en el Cesar: 16].

3. Departamento del Magdalena

3.1. Distrito de Santa Marta

3.1.1. Cuenca del río Guachaca

3.1.1.1. Kemakumake.
3.1.1.2. Wimake.

3.1.2. Casco Urbano

3.1.3. Comunidad Urbana.

[Total de comunidades en Distrito de Santa Marta: 3].

[Total de comunidades en el Magdalena: 3].

[Total de comunidades en la Sierra Nevada de Santa Marta: 47].


- SERRANÍA DEL PERIJÁ

1. Departamento del Cesar

1.1. Municipio de Becerril

1.1.1. Cuenca del río Maracas

1.1.1.1. Campo Alegre.

[Total de comunidades en Becerril: 1].

[Total de comunidades en el Cesar: 1].

[Total de comunidades en la Serranía del Perijá: 1].

[Total de comunidades del pueblo Wiwa: 48].


miércoles, agosto 31, 2005

CAPTURAS Y AMETRALLAMIENTOS INDISCRIMINADOS


La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona --OWYBT--, se permite informar a las entidades gubernamentales y estatales y a la opinión pública nacional e internacional, los siguientes

HECHOS

1. Pese a que de manera formal en varias oportunidades la OWYBT ha solicitado al Gobierno Nacional iniciar, lo antes posible, el proceso de concertación de los mecanismos de protección contemplados en las medidas cautelares otorgadas al pueblo Wiwa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH--, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta a nuestro urgente requerimiento.
2. Dado que transcurridos más de siete (7) meses de expedidas las medidas cautelares no ha habido ningún tipo de concertación ni desarrollo de sus términos, puede decirse que las condiciones y el contexto que las originaron se mantienen plenamente vigentes y, consecuentemente, el riesgo sobre nuestro pueblo sigue latente.
3. El 25 de agosto de 2005 en horas de la mañana, y mientras se encontraba impartiendo clases en la escuela de la comunidad Wiwa de Sabana Joaquina, (municipio de San Juan del Cesar, La Guajira), en el marco de la denominada “Operación Atánquez”, fue capturado por un contingente de la Policía Nacional el profesor Alcibíades Manuel Mejía Solís (34 años). En este mismo operativo fue capturado también Luis Guillermo Maestre Cáceres (menor de edad), indígena Kankuamo pero considerado como un gunama de esa comunidad.
4. Con posterioridad a estas detenciones los medios masivos de comunicación, recogiendo las versiones de la fuerza pública, difundieron ampliamente la noticia que con la captura Alcibíades Manuel Mejía Solís, quien fue presentado como “alias El Profesor”, se le había infringido un duro golpe militar a la guerrilla, ya que no sólo era el “jefe político” del frente 59 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo --FARC-EP--, sino que estuvo implicado en la emboscada en la que fueron muertos quince (15) miembros de la Policía Nacional. Igualmente Luis Guillermo Maestre Cáceres también apareció en los medios como presunto responsable de esa emboscada.
5. De otro lado, las autoridades de la comunidad Wiwa de Sabana Joaquina informaron a la OWYBT que el helicóptero en que se desplazaban los miembros de la Policía Nacional que hicieron las capturas, aterrizó arbitrariamente sobre una zona de cultivos, los cuales quedaron totalmente destrozados.
6. Las autoridades Kogui - Wiwa de Avingüe y Kogui de La Nevadita, (ambas en jurisdicción de Valledupar, Cesar), denunciaron que el 26 de agosto de 2005 un helicóptero de la FAC lanzó un artefacto muy cerca de estas comunidades que generó una gran explosión, causando gran temor e intranquilidad en las comunidadades.
7. Así mismo las autoridades de las comunidades Wiwa de El Cerro, Piedra Lisa y El Rongoy (localizadas en jurisdicción de Valledupar, Cesar) informaron a la OWYBT que el 27 de agosto de 2005, en horas de la mañana, aviones de la Fuerza Aérea Colombiana --FAC-- que sobrevolaban la región, realizaron varios ametrallamientos y bombardeos indiscriminados sobre predios adyacentes a estas comunidades, que si bien no causaron pérdidas humanas ni daños materiales, si generaron pánico y zozobra en los habitantes de estas comunidades.
8. Las autoridades de varias comunidades del pueblo Wiwa han expresado su preocupación por que se puedan generar nuevos desplazamientos, ya sea al interior del mismo Resguardo o hacia las cabeceras municipales, de seguirse presentando estos ametrallamientos y bombardeos que ponen en riesgo la vida y bienes de los Wiwa que allí habitan.
9. Las comunidades del pueblo Wiwa sentimos que estamos bajo el asedio permanente de las acciones de los grupos armados. Al respecto hemos escuchado insistentes rumores que los diferentes actores armados portan listas con los nombres de miembros de nuestro pueblo: la fuerza pública para capturarlos sindicados de ser auxiliadores, colaboradores o miembros de la guerrilla; los paramilitares para desaparecerlos o asesinarlos por las mismas razones anteriores; y la guerrilla para también desaparecerlos o asesinarlos pero ahora por ser miembros de las redes de informantes y de cooperantes de la fuerza pública.
De conformidad con los hechos anteriormente mencionados

SOLICITAMOS

1. Que el Gobierno Nacional inicie cuanto antes el proceso de concertación para el desarrollo de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH-- a favor de nuestro pueblo.
2. Que el proceso que por supuesta rebelión se le ha abierto a Alcibíades Manuel Mejía Solís, profesor y líder reconocido de nuestro pueblo, al igual que el proceso abierto contra Luis Guillermo Maestre Cáceres, en ejercicio de nuestra autonomía y de la Jurisdicción Especial Indígena sea conocido detalladamente por las autoridades de nuestro pueblo para que realicen las investigaciones a que haya lugar y administren justicia según nuestros usos y costumbres de encontrarse culpables de los cargos que se les imputan.
3. Que a través de una comisión interinstitucional que se desplace a la región, se realice una presencia de la institucionalidad civil del Gobierno Nacional y del Estado, para verificar los hechos y hacer un acompañamiento a las comunidades que se encuentran atemorizadas y en eventual riesgo de desplazamiento.
4. Que los mandos de la fuerza pública respeten la jurisdicción y la autonomía de nuestras autoridades y de nuestro gobierno propio y, en esa dirección, que sean consultadas e informadas adecuadamente sobre las capturas que se van a efectuar, lo mismo que sobre la movilización de tropas que se va a hacer en nuestro territorio.
5. Que la fuerza pública con el apoyo de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Defensoría Delegada para Indígenas y Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario… entre otras entidades, desarrollen un protocolo que oriente claramente el trabajo y el comportamiento de la fuerza pública en los territorios indígenas.
6. Que si las autoridades competentes del Gobierno Nacional y del Estado, tienen indicios serios y pruebas ciertas sobre la pertenencia de miembros de nuestro pueblo a alguno de los actores armados ilegales, se le entregue oficialmente esa información para que procedan, de conformidad con la Jurisdicción Especial Indígena, a hacer las investigaciones de rigor y a sancionar a los culpables de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
Finalmente y en razón a nuestra vocación de pueblo pacífico y no violento
REITERAMOS
1. Que si bien es posible que a título individual pueden haber algunas personas que, contraviniendo los mandatos tradicionales, se han vinculado a los grupos armados, el pueblo Wiwa y sus autoridades no se encuentran alineados con ninguno de los actores armados del conflicto. En ese sentido, debe quedar claro que el pueblo Wiwa siempre ratificará enfáticamente su deseo de ser mantenido al margen de las hostilidades y de las confrontaciones militares.
2. Si bien es cierto que no podemos hacerle frente a la presencia de los distintos actores armados que transitan y recorren nuestro territorio, manifestamos nuestro interés rotundo en que se lleven su confrontación armada lejos de nuestras comunidades, para que nuestro pueblo pueda cumplir con tranquilidad nuestra Ley de Origen y con nuestro papel de guardianes del corazón del mundo.
3. Pese a que el conflicto armado nos ha tocado y nos ha afectado directamente, el pueblo Wiwa sigue considerando que la guerra que se está llevando a cabo en nuestro territorio es una guerra ajena que no nos pertenece. Sin embargo ello no quiere decir que seamos indiferentes. Nuestro pueblo le apuesta a la paz y a la convivencia y en ese sentido es que realiza los pagamentos, los confiesos y los diferentes trabajos tradicionales. Por ello, la superación del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta pasa necesariamente por la realización, sin obstáculos, de todos los trabajos espirituales encomendados por Ade Seránkua a los cuatro pueblos indígenas que de ella hacemos parte.
Valledupar (Cesar) a 31 de agosto de 2005

viernes, agosto 26, 2005

LA COMUNIDAD WIWA DE POTRERITO EXPRESA SU DESEO DE RETORNAR


“Para poder seguir viviendo, nuestras familias, lejos de su territorio, ahora sobreviven. No queremos seguir sobreviviendo. Nuestro deseo es retornar para volver a saber lo que es vivir”.
Doña Evangelina
Saga de Potrerito

El 25 de agosto de 2005, en la Casa Indígena del corregimiento de La Junta, (San Juan del Cesar – La Guajira), casi un centenar de Wiwa en situación de desplazamiento, se reunió ante diferentes entidades gubernamentales y estatales, para expresar públicamente su deseo indeclinable de retornar a la comunidad de Potrerito.

Como se recordará, el 14 de julio de 2002 la comunidad de Potrerito fue totalmente destruida a causa de indiscriminados bombardeos y combates entre los diferentes actores armados que operan y tienen presencia en la región, lo que derivó en un gigantesco desplazamiento forzado y masivo de toda la comunidad.

Según los datos presentados en la reunión por las autoridades de Potrerito, de la infraestructura de la comunidad fueron destruidos los siguientes inmuebles y equipos: 57 viviendas, 3 aulas escolares, 1 centro de salud con toda su dotación, 4 casas ceremoniales (Unguma), 1 casa comunitaria, 1 local donde funcionaba la tienda comunitaria, 1 acueducto comunitario que funcionaba por gravedad y 1 estanque piscícola. Además de ellos fueron destruidas 57 plantas de energía solar y 57 tasas campesinas (baños).

Actualmente las familias de Potrerito se encuentran dispersas y desperdigadas en varios lugares de la región. Algunas se refugiaron en otras comunidades del pueblo Wiwa, en tanto que otras en su huída se ubicaron en los cascos urbanos de San Juan del Cesar, Villanueva y Riohacha (La Guajira) y Valledupar (Cesar), principalmente.

Luego de su forzada salida, la población de Potrerito que se beneficiaba con programas sociales quedó totalmente desprotegida, en razón a que los recursos correspondientes a esta comunidad fueron suspendidos. Al respecto las autoridades de Potrerito solicitan a las entidades públicas concernidas investigar el destino final de los recursos que estaban destinados originalmente a la comunidad y que nunca recibieron.

La gente de Potrerito lo perdió todo. No solamente la infraestructura física del poblado fue arrasada totalmente, sino que la dispersión a causa del desplazamiento, rompió abruptamente los lazos comunitarios y la red de relaciones culturales. Así mismo los vínculos con su territorio y sus sitios sagrados fueron interrumpidos.

En la práctica la comunidad desapareció pero no así las familias que luego de algo más de tres (3) años de haber abandonado Potrerito, se cansaron de tanto esperar a que se presentaran mejores garantías y llegara el prometido apoyo gubernamental para su retorno, decidieron tomar la iniciativa y avanzar con una propuesta que les permita volver a su lugar de origen para así recomenzar sus vidas, proteger sus tradiciones culturales y evitar que lejos de su tierra se les siga vulnerando sus derechos como Wiwa.

Las autoridades de Potrerito instaron a las entidades públicas a que acompañen de cerca sus deseos y esfuerzos por volver a su territorio tradicional. Para hacer efectivo el retorno, las autoridades de la comunidad, presentaron una amplia propuesta que contiene, entre otros, los siguientes puntos:

1. Reconstrucción de toda la infraestructura física que fue destruida.
2. Restauración y recuperación de la vía carreteable que une a La Junta con la comunidad.
3. Saneamiento y ampliación del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, de conformidad con la proyección que han hecho las comunidades Wiwa que habitan en jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira).
4. Presencia permanente de la institucionalidad civil del Estado, con la puesta en ejecución de programas sociales dirigidos principalmente a la población más vulnerable.
5. Reparación e indemnización para las familias víctimas del desplazamiento forzado.
6. Seguridad y protección adecuadas y apropiadas, para todas las familias que harán le retorno y se establecerán en la comunidad.
7. En el censo que se llevará a cabo en el Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, contabilizar a todas las familias y comunidades Wiwa que se encuentran en situación de desplazamiento y bajo ninguna circunstancia excluirlas de ser contadas como habitantes actuales del resguardo.

Sin excluir que las entidades gubernamentales del nivel departamental y municipal avancen en el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos para con el retorno de la comunidad de Potrerito, para las familias en situación de desplazamiento la propuesta de retorno debe ser también abordada en el contexto del proceso de concertación de las medidas de protección a que se refieren las medidas cautelares otorgadas al pueblo Wiwa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH--.

Para dar inicio a este proceso de concertación, actualmente nuestro pueblo está a la espera de una respuesta concreta del Gobierno Nacional.

San Juan del Cesar, (La Guajira), 26 de agosto de 2005

OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA

SOBRE EL CENSO NACIONAL:






PLANTEAMIENTOS DEL PUEBLO WIWA AL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DANE

La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona --OWYBT-- a través de la presente comunicación pública se permite poner en conocimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística --DANE--, lo siguiente:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH--, hacia los primeros días del mes de febrero de 2005, emitió medidas cautelares en favor del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

2. El pueblo Wiwa, a través de la OWYBT, ha convocado a las entidades gubernamentales y estatales que tienen competencia en lo referido a los derechos humanos, para que se proceda a iniciar el proceso de concertación de los mecanismos de protección que nuestro pueblo requiere para evitar y/o mitigar las violaciones a sus derechos humanos.

3. La problemática de las familias y comunidades Wiwa en situación de desplazamiento y que se encuentran actualmente viviendo por fuera de los límites del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco es uno de los temas que nuestro pueblo desea abordar en el espacio de concertación originado por las medidas cautelares.

4. Estas familias y comunidades Wiwa en situación de desplazamiento atraviesan actualmente por unas difíciles condiciones de vida y, adicionalmente, algunos de sus derechos humanos han venido siendo vulnerados en tanto que otros se encuentran en inminente riesgo de amenaza, debido principalmente a encontrase fuera del territorio, lejos de la jurisdicción de nuestro gobierno propio y distantes del poder protector de nuestros Mamos y Sagas, razón por la cual requieren de especiales mecanismos de protección.

5. En los talleres de capacitación impartidos por el DANE en Tezhumke, jurisdicción de Valledupar (Cesar) y en Achíntukua, jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira), se le informó a la OWYBT que aquellas familias y comunidades que se encuentren, por más de seis meses, localizadas en cabeceras urbanas y fuera de sus resguardos, no serán incluidas en el conteo censal de los resguardos de origen.

6. Para nuestro pueblo, excluir del conteo censal del resguardo a las familias y comunidades Wiwa que por diversas razones se encuentran por fuera de sus límites --entre ellas y la de mayor proporción que corresponde al desplazamiento forzado a causa del conflicto armado-- es equivocado y a futuro puede significar un debilitamiento de nuestro gobierno propio y, tal vez lo más grave, una vulneración a los derechos humanos y colectivos de esas familias y comunidades Wiwa.

7. La gran mayoría de familias y comunidades Wiwa tienen la percepción y la esperanza que la actual situación de desplazamiento en que se encuentran es transitoria y será superada con los retornos, muchos de los cuales, valga decir, no se han llevado a cabo por que no se han dado las garantías de protección y de acompañamiento de las entidades civiles del Estado. Es así que excluir del conteo censal del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, a las familias y comunidades Wiwa que añoran un regreso a su territorio de origen, es generarles más angustias, frustraciones y tristezas, por cuanto sienten que una situación transitoria está siendo tomada por el Gobierno Nacional como una situación definitiva y permanente.

8. Dado que el Wiwa debe ser tratado como lo que es, un pueblo con derecho al territorio, a la autonomía de su gobierno propio y a la permanencia de su cultura en el contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta, discriminaciones de esa naturaleza en que se cuentan a unos Wiwa y se dejan de contar a otros que de manera forzada se encuentran fuera de su resguardo, van a generar numerosos problemas de distinta índole, en cuanto vulneran nuestra autonomía y nuestro gobierno propio.

Teniendo presente el cuadro anteriormente descrito, la OWYBT hace los siguientes planteamientos:

a- Que las familias y comunidades Wiwa que se encuentran en situación de desplazamiento a causa del conflicto armado, sean incluidas sin discriminación alguna, en el conteo censal correspondiente al Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco.

b- Que esta problemática que se ha planteado sea resuelta en el marco del proceso de concertación de las medidas cautelares que está por comenzar entre nuestro pueblo y las entidades gubernamentales y estatales involucradas.

c- Entre tanto y mientras se resuelven las inquietudes expuestas, la OWYBT declara una moratoria a la realización del censo en nuestro territorio y en el Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, y, en ese orden de ideas solicita respetuosamente que no se sigan adelantando ningún tipo de actividades o procedimientos relacionados con este censo.

Valledupar (Cesar), 26 de agosto de 2005


OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA

Casa Indígena, Avenida Hurtado. Telefax: (095) 5737026. Valledupar – Cesar – Colombia
E.mail: organizacionwiwa@latinmail.com



LA COMUNIDAD WIWA DE POTRERITO EXPRESA SU DESEO DE RETORNAR

“Para poder seguir viviendo, nuestras familias, lejos de su territorio, ahora sobreviven. No queremos seguir sobreviviendo. Nuestro deseo es retornar para volver a saber lo que es vivir”.
Doña Evangelina
Saga de Potrerito

El 25 de agosto de 2005, en la Casa Indígena del corregimiento de La Junta, (San Juan del Cesar – La Guajira), casi un centenar de Wiwa en situación de desplazamiento, se reunió ante diferentes entidades gubernamentales y estatales, para expresar públicamente su deseo indeclinable de retornar a la comunidad de Potrerito.

Como se recordará, el 14 de julio de 2002 la comunidad de Potrerito fue totalmente destruida a causa de indiscriminados bombardeos y combates entre los diferentes actores armados que operan y tienen presencia en la región, lo que derivó en un gigantesco desplazamiento forzado y masivo de toda la comunidad.

Según los datos presentados en la reunión por las autoridades de Potrerito, de la infraestructura de la comunidad fueron destruidos los siguientes inmuebles y equipos: 57 viviendas, 3 aulas escolares, 1 centro de salud con toda su dotación, 4 casas ceremoniales (Unguma), 1 casa comunitaria, 1 local donde funcionaba la tienda comunitaria, 1 acueducto comunitario que funcionaba por gravedad y 1 estanque piscícola. Además de ellos fueron destruidas 57 plantas de energía solar y 57 tasas campesinas (baños).

Actualmente las familias de Potrerito se encuentran dispersas y desperdigadas en varios lugares de la región. Algunas se refugiaron en otras comunidades del pueblo Wiwa, en tanto que otras en su huída se ubicaron en los cascos urbanos de San Juan del Cesar, Villanueva y Riohacha (La Guajira) y Valledupar (Cesar), principalmente.

Luego de su forzada salida, la población de Potrerito que se beneficiaba con programas sociales quedó totalmente desprotegida, en razón a que los recursos correspondientes a esta comunidad fueron suspendidos. Al respecto las autoridades de Potrerito solicitan a las entidades públicas concernidas investigar el destino final de los recursos que estaban destinados originalmente a la comunidad y que nunca recibieron.

La gente de Potrerito lo perdió todo. No solamente la infraestructura física del poblado fue arrasada totalmente, sino que la dispersión a causa del desplazamiento, rompió abruptamente los lazos comunitarios y la red de relaciones culturales. Así mismo los vínculos con su territorio y sus sitios sagrados fueron interrumpidos.

En la práctica la comunidad desapareció pero no así las familias que luego de algo más de tres (3) años de haber abandonado Potrerito, se cansaron de tanto esperar a que se presentaran mejores garantías y llegara el prometido apoyo gubernamental para su retorno, decidieron tomar la iniciativa y avanzar con una propuesta que les permita volver a su lugar de origen para así recomenzar sus vidas, proteger sus tradiciones culturales y evitar que lejos de su tierra se les siga vulnerando sus derechos como Wiwa.

Las autoridades de Potrerito instaron a las entidades públicas a que acompañen de cerca sus deseos y esfuerzos por volver a su territorio tradicional. Para hacer efectivo el retorno, las autoridades de la comunidad, presentaron una amplia propuesta que contiene, entre otros, los siguientes puntos:

1. Reconstrucción de toda la infraestructura física que fue destruida.
2. Restauración y recuperación de la vía carreteable que une a La Junta con la comunidad.
3. Saneamiento y ampliación del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, de conformidad con la proyección que han hecho las comunidades Wiwa que habitan en jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira).
4. Presencia permanente de la institucionalidad civil del Estado, con la puesta en ejecución de programas sociales dirigidos principalmente a la población más vulnerable.
5. Reparación e indemnización para las familias víctimas del desplazamiento forzado.
6. Seguridad y protección adecuadas y apropiadas, para todas las familias que harán le retorno y se establecerán en la comunidad.
7. En el censo que se llevará a cabo en el Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, contabilizar a todas las familias y comunidades Wiwa que se encuentran en situación de desplazamiento y bajo ninguna circunstancia excluirlas de ser contadas como habitantes actuales del resguardo.

Sin excluir que las entidades gubernamentales del nivel departamental y municipal avancen en el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos para con el retorno de la comunidad de Potrerito, para las familias en situación de desplazamiento la propuesta de retorno debe ser también abordada en el contexto del proceso de concertación de las medidas de protección a que se refieren las medidas cautelares otorgadas al pueblo Wiwa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --CIDH--.

Para dar inicio a este proceso de concertación, actualmente nuestro pueblo está a la espera de una respuesta concreta del Gobierno Nacional.

San Juan del Cesar, (La Guajira), 26 de agosto de 2005

OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA


Casa Indígena, Avenida Hurtado. Telefax: (095) 5737026. Valledupar – Cesar – Colombia
E.mail: organizacionwiwa@latinmail.com

miércoles, julio 20, 2005

ACERCA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DEL PUEBLO WIWACARTA ABIERTA AL GOBIERNO NACIONAL
La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, OWYBT, con la finalidad de continuar avanzando en el desarrollo de las medidas cautelares que para el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIADH, solicitó al Estado Colombiano, a continuación hacemos los siguientes planteamientos:

1. Nos preocupa altamente que a la fecha y transcurridos varios meses desde que fueron solicitadas las medidas cautelares para nuestro pueblo, todavía no ha tenido lugar ninguna reunión de concertación entre el Gobierno Nacional y las autoridades del pueblo Wiwa pertenecientes a la OWYBT y a la Organización Gonawindua Tayrona, OGT, para abocar el desarrollo de las mencionadas medidas cautelares.

2. Nos preocupa grandemente que nuestro pueblo no haya podido, al día de hoy, reunirse masiva y adecuadamente para tomar decisiones respecto a las medidas de protección que se requieren para superar y/o mitigar la situación que originó la solicitud de medidas cautelares por parte de la CIDH.

3. Nos preocupa profundamente que el Gobierno Nacional, en el contexto de las medidas cautelares, no ha definido las acciones que se tomarán para proteger a nuestro pueblo de los efectos del conflicto armado interno y superar de esta manera la situación que originó la solicitud de esas medidas por parte de la CIDH.

4. Nos preocupa inmensamente que el deseo y voluntad que han manifestado varias familias que se encuentran actualmente en situación de desplazamiento, de retornar a sus comunidades de origen, no ha sido atendido adecuada y oportunamente por las instituciones del Gobierno Nacional competentes.

5. Finalmente, nos preocupa sobremanera que concluyan los términos de las medidas cautelares, sin que se hay realizado ningún tipo de acción o se haya implementado ninguna medida en concertación y consulta con las autoridades de nuestro pueblo.

Enumeradas las preocupaciones anteriores el mensaje que enviamos al Gobierno Nacional es el siguiente:

1. Solicitamos al Gobierno Nacional todas las garantías y el apoyo financiero necesario para que las autoridades, líderes y representantes de nuestro pueblo, tanto de la OWYBT como de la OGT, puedan reunirse autónomamente y durante el tiempo que se requiera en una asamblea para discutir el desarrollo del contenido de las medidas cautelares. Indiscutiblemente nuestro pueblo requiere un escenario autónomo y adecuado de análisis, reflexión y discusión, para que las medidas cautelares tengan un desarrollo adecuado.

2. Una vez se haya realizado la asamblea de la que se habla anteriormente, solicitamos al Gobierno Nacional, inicie lo antes posible, el proceso de concertación entre las autoridades del pueblo Wiwa y las instituciones del Gobierno Nacional para abordar el desarrollo de las medidas cautelares. En ese sentido el Gobierno Nacional debe crear un grupo de trabajo especial que tenga competencia para discutir las medidas cautelares.

3. El Gobierno Nacional debe presentar a las autoridades de nuestro pueblo una propuesta que contenga en detalle las acciones que ha definido para reconstruir las comunidades que fueron destruidas en combates entre diferentes actores armados y las medidas para garantizar los retornos de las comunidades Wiwa que se encuentran en situación de desplazamiento. La reconstrucción de estas comunidades es una condición necesaria para atender la voluntad y deseo de retorno de las familias Wiwa en situación de desplazamiento.

4. De manera urgente se debe conformar una comisión mixta interinstitucional que realice lo antes posible un recorrido por las comunidades Wiwa de Potrerito y Sabana Grande, destruidas por combates entre los actores armados, con la finalidad de verificar y cuantificar los daños que presenta su infraestructura y definir concertadamente una agenda de trabajo.

5. Los líderes y dirigentes Wiwa que han sido amenazados por los diversos actores armados ilegales, deben contar con la protección necesaria para que puedan continuar con sus actividades normales. En ese sentido, concertadamente se deben estudiar e implementar las medidas de seguridad y protección que estos líderes y dirigentes requieren.

San Juan del Cesar (La Guajira), 20 de julio de 2005


OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA

sábado, junio 04, 2005

PROPUESTAS PARA ABORDAR EL TRABAJO DE DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA INDÍGENA

CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS - CTC
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

ORGANIZACION GONAWINDUA TAYRONA – CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA – ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN BUNKWANARRWA TAYRONA – ORGANIZACION INDIGENA KANKUAMA

PROPUESTA DEL CTC DESDE LA VISIÓN CULTURAL INDIGENA ANTE LA IDEA DE REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LA CRISIS HUMANITARIA POR CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO



INTRODUCCION


El conflicto que se manifiesta en nuestro territorio tiene sus causas originales en la sociedad y en la cultura occidental, por tanto, el diagnóstico de las causas del conflicto a través de las consecuencias en nuestro territorio, conduciría a encontrar causas y defectos que ocurren en otra parte y las soluciones que se proponen como consecuencia de un diagnóstico de ese tipo no pasarían de ser acciones remediales sin efecto en las raíces del problema ni dentro, ni fuera de nuestro territorio.

El punto de partida para nosotros y el interés por la realización de un diagnóstico, entendido como el descubrimiento de las causas a través de las manifestaciones visibles de un problema, está en la búsqueda de las causas que permitieron que un conflicto, ajeno a nuestra cultura y a nuestro espacio cultural, esté afectando la realización de nuestros propósitos de identidad étnica y autonomía como derecho humano.

GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO CULTURAL

Entendemos por GOBERNABILIDAD el desarrollo de nuestra propia capacidad de ejercer dominio en nuestro territorio y ejercer las funciones del poder político en la forma como ancestralmente quedó organizado para nosotros.

Nuestra pretensión no es regresar a tiempos y situaciones que pueden considerarse perdidos, sino asumir nuestro propio fundamento cultural para resolver los problemas del presente y proyectar nuestro futuro.

Así mismo, FORTALECIMIENTO CULTURAL representa para nosotros la posibilidad de disponer, de acuerdo con nuestra concepción del Universo:
1 de los medios para hacer sostenible y suficiente nuestra economía,
2 cumplir con las funciones previstas en el orden natural para el orden social,
3 tomar nuestras decisiones con el recurso a las fuentes establecidas en la “Ley de origen” y con la participación de todos nuestros pueblos y
4 disponer del espacio y del tiempo para reproducirnos física y culturalmente.

El análisis de la situación actual motivado por la presencia del conflicto, nos permite percibir que la pregunta significativa para nosotros se refiere a las causas que, desde nuestra propia visión, permitieron que un conflicto de origen externo en sus causas esté produciendo efectos con su presencia en nuestro territorio.

El objeto de un diagnóstico de crisis humanitaria en nuestro territorio se refiere, por consiguiente, a establecer las señales que manifiestan en nuestra cultura la causa que permitió y que, si no se pone remedio, seguirá permitiendo el surgimiento de obstáculos internos o externos a la realización de nuestros propios propósitos culturales.

ANALISIS EXTERNO – INTERNO DEL CONFLICTO EN NUESTRO TERRITORIO

1. Externo
· Origen
Nuestro punto de partida consistió en establecer que las causas originarias del conflicto ocurren en el exterior a nuestro territorio en virtud de la lucha de clases existente en la sociedad de cultura occidental, lucha que a su vez está originada por
1 la propiedad de la tierra y de los medios de producción
2 la significación en la sociedad
3 la participación real en la toma de decisiones.
4 Consecuencias
Las consecuencias del conflicto armado en nuestro territorio o en el resto del país han sido
o Pérdida de vidas
o Violación de los Derechos Humanos
o Desplazamiento
o Inseguridad para la movilización
o Hambre y miseria
o Destrucción ecológica
Estas consecuencias son las que al parecer interesan como problemas a resolver en un diagnóstico de situación humanitaria.

2. Interno
· Origen
El desplazamiento de grupos campesinos y de actores políticos en otras partes del país trajeron el asentamiento de colonos y con ello se reprodujeron en nuestro territorio las causas que originaron el conflicto en sus lugares de procedencia hasta el punto de llegar muchos miembros de nuestras comunidades a participar y tomar partido en las posiciones políticas propias de esas circunstancias.
· Consecuencias
La afectación que recibimos del conflicto armado en nuestro territorio, además de todas las consecuencias analizadas en lo externo son, entre otras, las siguientes:
1 Pérdida de la movilidad requerida por nuestro sistema productivo
2 Interrupción de nuestro calendario cultural y ritual
3 Limitaciones para las reuniones requeridas por nuestra forma de organización social y política
4 Pérdida de “memoria” ancestral.
5 Polarización y pérdida de unidad interna frente a los objetivos comunes de la cultura.
6 Limitaciones en la posibilidad de consolidación territorial.

Realizado este análisis de situaciones internas se refleja la afectación de nuestra organización y de nuestra cultura, toda vez que se encuentran interferidas negativamente las dinámicas propias de cada una de las culturas, por consiguiente, el diagnóstico de situación y crisis humanitaria adquiere para nosotros el sentido de mirar cómo se realizan las expresiones y consecuencias del conflicto en los diversos lugares del territorio y pensar en soluciones tanto generales, como particulares. Nos parece que tales situaciones internas merecen la reserva que compete a la reflexión autocrítica.

Por otro lado, nuestro análisis nos lleva a caer en cuenta que el conflicto armado existe a partir de la década de los ochenta, agravado desde los noventa por la presencia de las autodefensas, pero el conflicto, que para nosotros consiste en la intervención de la autonomía en nuestro territorio, ha existido siempre desde que fuimos despojados por la conquista y la colonia y se conserva gracias a prácticas disimuladas de imposición económica, social, política y cultural.

Los derechos a la educación, a la salud, a la cultura, luchados desde comienzos del siglo XX y logrados en el papel, no han sido resueltos en la práctica. Poner en práctica la etnoeducación se convirtió en un montón de requisitos interminables para su legalización de tal manera que funciona a medias; la ejecución práctica de la Ley 100 está llena de incumplimiento de los aportes correspondientes a la parte oficial de los entes territoriales vecinos que son, a la vez, intermediarios en el manejo de los recursos de transferencia; los logros en el mercado con nuestros productos orgánicos está condicionado a que alguien certifique que sí son orgánicos; la necesidad de ocupar el territorio de nuestra cultura se encuentra en contravía con las contradicciones que existen en la interpretación de las leyes nacionales que abundan, cada vez más, en la tendencia a reducir a leyes comunes lo previsto por la Constitución Nacional respecto al derecho de las culturas a proveer sus soluciones de acuerdo con sus usos y costumbres..

La reclamación por el derecho al territorio de nuestra cultura nos ha hecho conscientes de que debemos llevar nuestras propias instituciones al nivel correspondiente a una visión de Estado, en el sentido de responder por las necesidades de nuestros pueblos, y eso nos hace afirmar que el tema de los Derechos Humanos es un tema de dignidad y de respeto para con los indígenas como lo es para todos los pueblos y para todos los Estados.

La solución a la presencia de armados ilegales en nuestro territorio ha sido la presencia de las armas del Estado, también con consecuencias negativas para nosotros como es que los indígenas quedemos en el medio, pero abrigamos el temor que así como la guerra es un negocio para los que viven de ella, la paz también termine siéndolo para los “vivos” de siempre. Logrado el restablecimiento del orden público en la Sierra, ¿qué podemos esperar los indígenas con respecto a la solución de nuestros problemas seculares?

En efecto, todavía no se ha consolidado el orden en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta y ya se habla, otra vez, de la privatización del Parque Nacional Natural Tayrona, de la realización de proyectos de infraestructura, del teleférico, de la interferencia en las empresas prestadoras del servicio de salud de los indígenas por parte de los entes territoriales y de multiplicidad de proyectos de desarrollo, pensados, diseñados y presupuestados desde fuera, por organizaciones no gubernamentales, cuya existencia depende de ello, que fortalecen el asentamiento campesino en el territorio ancestral, los macroproyectos de palma africana, las fumigaciones y el nuevo GEF para la Sierra. Todo ello se convierte en negación de la autonomía, dispersión de actividades, resquebrajamiento de la unidad interna y desgaste para las autoridades ancestrales y tradicionales.

Los agentes del conflicto armado se encuentran en nuestro territorio como invasores de casa ajena y el hecho que los propietarios no tengamos la capacidad de decirles que se vayan o de sacarlos, no nos hace complacientes o cómplices de lo que ellos hacen. De hecho hemos recibido tratamiento y acusación como si así lo hubiéramos hecho.

PROPÓSITO DEL ACOMPAÑAMIENTO

Puesto que el análisis de las razones por las cuales el conflicto hizo presencia en nuestro territorio conducen, en términos generales, a la observancia de nuestra propia “ley de origen”, como criterio para ordenar la vida en nuestro territorio, y en cuanto al cumplimiento de las funciones y respeto a nuestras autoridades tradicionales, hemos considerado que el acompañamiento de las entidades en el proceso de diagnóstico y solución a la crisis humanitaria a causa del conflicto debería ocurrir en el contexto de:

1. Realizar los trabajos tradicionales como fundamento para una posición de autonomía frente al conflicto armado.
2. Reconocer la competencia y el ejercicio de la autoridad por parte de los legítimos representantes de las comunidades ante los organismos nacionales e internacionales.
3. Los Cabildos Gobernadores, en este momento asociados en el Consejo Territorial de Cabildos, somos los legítimos interlocutores con las instituciones gubernamentales o internacionales en la medida que recogemos el sentir de nuestros pueblos y lo representamos.
4. Vigilar que el desarrollo del esquema interno de aplicación de justicia esté libre de presiones u obstáculos externos.
5. Desarrollar mecanismos operativos para sistematizar, socializar, divulgar y respetar los acuerdos a que se llega en el Consejo Territorial de Cabildos.

Por otro lado, se requiere del conocimiento de las leyes nacionales que se refieren a los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas y el seguimiento de la forma como los derechos de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta están siendo afectados por el incumplimiento de las normas nacionales.

Muchas de las leyes nacionales, vistas como herramientas para la protección de los derechos de los pueblos, han sido logradas en su formulación y aprobación gracias a la contribución y las exigencias de los mismos pueblos indígenas, pero se ve que tales instrumentos no pasan de ser formulados y aprobados, pero nunca cumplidos.

Suponemos que vigilar el cumplimiento de estas normas es el papel de la Defensoría del Pueblo al interior del Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional, a su vez, nos parece que debería vigilar la coherencia entre la multiplicidad de normas menores y los principios que, respecto a los derechos de las culturas quedaron consagrados en la Constitución Nacional, y están siendo vulnerados en la Sierra Nevada de Santa Marta como consecuencia de esa falta de coherencia.

Así mismo, el Gobierno Nacional es firmante de normas o convenios internacionales que se refieren al derecho humanitario y cuyo cumplimiento debe ser vigilado en las condiciones actuales de la situación de conflicto en nuestro territorio. Se espera cumplimiento del papel que debe jugar la comunidad internacional como puente en el seguimiento de la realización práctica de las leyes internacionales por parte del gobierno en lo que respecta a los indígenas.

El agredido es un territorio que en el contexto de las Naciones Unidas está reconocido como Patrimonio de la Humanidad, se requiere definir en quién o quiénes recae la competencia para vigilar el cumplimiento de las consecuencias que se derivan de ese hecho y del sentido que tiene en la práctica, para la comunidad internacional, que la Sierra Nevada haya sido declarada con esa calidad. Consecuentemente, se espera efectividad en el papel institucional de los organismos internacionales frente a la afectación provocada por los actores en el conflicto.

La revisión del estado actual del cumplimiento de los tres niveles de normas, el de origen, el nacional y el internacional en un diagnóstico de situación de crisis humanitaria, es visto por nosotros como la oportunidad de acordar el inicio de un seguimiento que abarque, además del cumplimiento de las mismas, el valor de las leyes como instrumentos y si están conservando su vigencia de acuerdo con el espíritu con que fueron establecidas para el logro del propósito.


MODO DE ACOMPAÑAMIENTO

El modo general de acompañamiento de las instituciones debe obedecer a la solución general de la crisis humanitaria sin que existan otras maneras o formas particulares procedentes de coyunturas institucionales que condicionen el efectivo acompañamiento.
1. Revisar las políticas de gobierno que, por ejemplo, en lo relativo a Parques Nacionales Naturales, a normatividad sobre recursos naturales, como bosques, aguas y páramos, y a los planes de desarrollo de los municipios y departamentos vecinos contradicen los objetivos de autonomía y fortalecimiento cultural reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes vigentes.
2. Las conclusiones de la relatoría, como es el caso de las recomendaciones contenidas en el informe del relator especial de los derechos humanos para indígenas, y del delegado especial para los derechos humanos deben ser vinculantes para el gobierno nacional.
3. Las acciones que corresponden a políticas de desmovilización de los actores armados deben ser coherentes con el apoyo a las comunidades indígenas en la defensa del territorio y fortalecimiento cultural.
4. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los departamentos y de los municipios con jurisdicción actual en la Sierra Nevada de Santa Marta deben cumplir con los acuerdos existentes entre las comunidades indígenas y el gobierno nacional con respecto a los procesos en marcha relativos al ordenamiento ancestral del territorio y al fortalecimiento de las formas culturales de organización de acuerdo con la Constitución Nacional.
5. En acuerdo con nuestros pueblos, estamos dispuestos a realizar acciones complementarias a las del gobierno nacional, con base en nuestro propio fortalecimiento como sociedad civil, para enfrentar algunas de las consecuencias de la presencia del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta y requerimos para ello del acompañamiento del mismo gobierno nacional y de los organismos internacionales.

Por otra parte, nuestra intención de llegar lo antes posible a unas condiciones de autonomía y fortaleza cultural nos mueven a expresar nuestro deseo de que el acompañamiento de las instituciones sea limitado a períodos de corto plazo, no mayores de tres años, para las actividades exigidas por la realización del diagnóstico en sentido estricto, de mediano plazo, no mayores de cinco años, para la ejecución de las soluciones a los problemas detectados en el diagnóstico y, de largo plazo, no mayores de ocho años, para las actividades de seguimiento de los resultados que no requieran sino de visitas poco frecuentes al territorio.

Las instituciones del gobierno nacional, como ejecutoras de las leyes nacionales y de los convenios internacionales firmados o ratificados hasta adquirir fuerza de ley en el país, mantendrán su presencia en la medida que se acepte y se respete el principio constitucional que las autoridades tradicionales en los territorios de la cultura somos los ejecutores de funciones públicas de acuerdo con nuestros usos y costumbres y, por tanto, estén dispuestas a acompañarnos y respaldarnos.

FORMAS ESPECÍFICAS DE ACOMPAÑAMIENTO

La realización de las actividades encaminadas a obtener los resultados previstos en el propósito implican la aplicación de un conjunto de medios que serán establecidos de acuerdo con unas estrategias generales propuestas en el Consejo Territorial de Cabildos, con base en la consulta a los mamas respectivos. Las organizaciones de cada etnia elaborarán las soluciones como respuesta a las necesidades particulares de cada uno de los cuatro pueblos y definirán el objeto y la forma específica de realizar las acciones.

Depende de los objetivos, funciones y competencias de las instituciones que han expresado su deseo de acompañarnos en este proceso, establecer cual es el aspecto del objeto y la forma específica en que se haría ese acompañamiento. A partir de allí, de manera concertada y conjunta, se formularán y elaborarán los documentos de proyecto o de acuerdo correspondientes.

martes, enero 04, 2005

SOLICITUD A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Silver Spring M.D., 28 de enero de 2005



Doctor
Santiago A. Canton
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington, DC.


Referencia: Solicitud de Medidas Cautelares a favor del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia



La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante “el Colectivo”) se dirigen por su intermedio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión), para solicitar MEDIDAS CAUTELARES de conformidad al artículo 25 del Reglamento de la Comisión y artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención), a fin de que el Estado colombiano garantice efectivamente el derecho a la vida (artículo 4), derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), derecho a la integridad personal (artículo 5), derecho a la libertad personal (artículo 7), derecho al reconocimiento de su dignidad (artículo 11.1), protección a la familia (artículo 17), derecho a la propiedad privada (artículo 21) derecho a la libre circulación (artículo 22) y derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26) del pueblo Wiwa y en particular de sus representantes o líderes.



I. HECHOS RECIENTES

El miércoles 19 de enero de 2005, a las 9:00 de la noche, en el municipio de San Juan del Cesar, fueron asesinados el Tesorero General de la Organización WIWA YUGUMAIUN BUKUANARÚA TAYRONA, ANGEL MILCIADES LOPERENA DIAZ y su hermano DARIO LOPERENA, maestro de la comunidad, cuando departían un refresco en San Juan del Cesar – Guajira, a su llegada de Valledupar.[1]
Según las autoridades los responsables de este crimen -que constituye una grave infracción del derecho internacional humanitario- fueron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el mando de alias “Jorge 40”.[2]


II. BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS: PERFIL DEL PUEBLO WIWA[3]
La etnia o pueblo indígena WIWA es uno de los cuatros pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, es conocida en lengua española como Arzarios, se ubican en los departamentos Cesar, y Guajira; esta conformado por 27 comunidades entre tradicionales y no tradicionales , situadas sobre las vertientes de los ríos Jeréz, Badillo y Ranchería donde se ubican las comunidades del Limon Marocaso, Sabana Joaquina, Guacherimaque( La Laguna), Guamaca, Potreritos, Machin, Ulago, Siminke, Barsino, Dudka, Linda, Loma del potrero, Piñoncito, Sabana grande, el Caney, El Pital, Guicumake, la Peña de los Indios, Rongoy, Cherua, Pozo de Humo, Surimena, Auyamal, Bernaka, Siminke y Piedra Liza

Los WIWAS que en su lengua originaria(damana) traduce hombre de tierra caliente fueron ubicados en la parte baja de la sierra por los padres creadores SEALUKUKUY y SERANKUA para cuidar la naturaleza y la madre tierra, son según su cultura ancestral los guardianes de la Sierra y los encargados de protegerla de las amenazas traidas por el Suntalo( hombre blanco).
La forma organizativa del pueblo WIWA sigue siendo la tradicional en cabeza de los MAMOS (maximos guias espirituales y autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, quienes poseen el conocimiento entregado por SERANKUA (padre creador), y Las SAGAS (compañeras de los mamos en la guia espiritual de las comunidades), los ancianos o mayores, los comisarios y cabos como autoridades civiles dentro de las comunidades y el Cabildo Gobernador como representante legal del Resguardo. Estas comunidades forman parte de un solo resguardo pero dentro de estos existen dos mesas directivas cada una con su respectivo Cabildo-Gobernador.

La comunidad indígena WIWA aunque es receptiva de los Suntalos que muestran respeto por su cultura y que llegan a su territorio sin ambiciones siguen manteniendo su cultura como prioridad para su preservación como etnia y para poder cumplir con el mandato entregado a ellos por los padres creadores y que contribuye junto con el aporte de los KOGUIS, ARHUACOS Y KANKUAMOS a mantener el equilibrio de la Sierra y por este el del mundo en general.

Para lograr este objetivo se concentran en las KANKURUAS( templo sagrado) donde bajo la orientación de los mamos, los Jovenes mayores de edad, los adultos, y los ancianos se concentran con el poporo (calabazo con cal de uso tipico de los pueblos indígenas de la sierra) y el mascar de la hoja de Jayo( hoja de coca) para encontrar soluciones a las dificultades que se presenten, para la realización de consultas sobre el qué hacer de la comunidad, y mediante la realización de pagamentos( rendición de tributos a la naturaleza en los sitios sagrados).

Relación del pueblo Wiwa con el territorio

En el caso de pueblos indígenas en América, la Corte Interamericana ha reconocido la importancia de tener en cuenta determinados aspectos de sus costumbres para los efectos de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[4] lo cual, referido a los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta significa que el Estado colombiano debe adelantar acciones tendientes a asegurar la incolumidad de su territorio que constituye el elemento fundamental y esencial sobre el cual se edifica su integridad étnica y cultural, autoría política, desarrollo propio, en suma su propia existencia y la de la humanidad entera. Esta relación indisoluble entre los indígenas y la tierra ha sido reconocida por la Corte: “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”[5]

El territorio para los WIWAS tiene vital importancia, porque es este quien garantiza la permanencia y el equilibrio, es la esencia de su existir y lo que los identifica como pueblo índigena nativo de la Sierra por lo que ha sido una tarea fundamental de los MAMOS, los cabildos y la comunidad en general la ampliación de los resguardos hasta la línea negra (frontera ancestral y cultural de los pueblos indígenas de la sierra y el mundo de los occidentales).

Es el territorio donde están escritas las leyes y la historia y el conocimiento ancestral de los pueblos, es necesario preservarlo de manera autónoma para poder proteger la fauna, la flora, las fuentes de agua, y los sitios sagrados que se mantienen intercomunicados para mantener el equilibrio necesario para evitar el caos. Es también el territorio donde reposan los restos de sus seres queridos que hoy a pesar de no compartir con ellos sus espacios físicos si los acompañan en sus pagamentos.

Los Wiwa son un pueblo agrocéntrico que ha enarbolado una religiosidad centrada en el respeto y cuidado de la Madre Tierra y, por extensión, de la naturaleza toda.[6] La economía del pueblo WIWA se fundamenta básicamente en esta relación con el territorio, y se proyecta en el cultivo tradicional de especies nativas y ancestrales( fríjol, caña de azúcar, ahuyama, malanga, yuca, batata, plátano y aguacate) para su sustento y otros como el fique , el calabazo y el totumo para la preservación de la tradición artesanal como el tejido de mochilas y los calabazos para el almacenamiento y transporte del agua y los totumitos para fabricar los poporos.

Dentro del resguardo se está propendiendo por el rescate de la cría de carneros, cabras y ovejas, estas son especies de cría tradicional que se utilizan para la obtención de leche, carne y lana y que por los embates de los operativos militares y los bombardeos se han ido perdiendo y los que quedan han sido robados por los soldados en sus múltiples incursiones.

Hay que resaltar que esta frágil economía se encuentra se ha visto resquebrajada por los continuos y sucesivos bloqueos a que han venido siendo sometidos, particularmente en los últimos dos años, lo cual, por un lado les impide el comercio de los productos sobrantes de cada cosecha y por otro lado se les han impedido por la fuerza la realización del intercambio o trueque que por tradición solían hacer entre las diferentes comunidades y los pueblos indígenas hermanos de la sierra, esto los asfixia porque no tienen forma de adquirir productos básicos que no se producen en la comunidad( sal, medicinas, mantas ).

Wanko y el derecho a la vida[7]

Wanko, el gavilán lechuza, representa en la cosmogonía Wiwa a las aves del más allá y es el mensajero que anuncia la muerte. “Si Wanko es capaz de llevar allá la noticia de que alguien va a morir, aquí no es noticia, sino allá, a donde los muertos, en Izhankazhina Chikuizhekua, donde los muertos viven, aquí lo vemos que es un pájaro, allá como los muertos mismos[8].”En la tradición y mitología Wiwa, el asesinato es inconcebible porque todos son hijos de la misma madre y padre, son parte de la misma raíz “Ade Siukúkui y Abu Sianiumang sufren mucho cuando los hermanos se matan, dan gritos que son los terremotos y lágrimas que son las inundaciones[9].”Dicen los Mamas que haciendo adivinaciones se pueden prevenir los asesinatos. “Existen varios lugares de la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro de la Línea Negra, para que por medio del pagamento[10] las personas que tienen pensamiento de matar a otro se olviden de hacerlo.[11]

Para las autoridades Wiwas, una de las principales causas de los asesinatos en contra de los pueblos de la Sierra, tiene que ver con que el Ejército Nacional ha instalado bases militares en sus sitios sagrados, y que los frecuentes bombardeos impiden la concentración de los Mamas, quienes no pueden realizar los pagamentos a la tierra para prevenir los asesinatos. Uno de estos sitios es La Laguna, lugar sagrado donde en este momento (después del bombardeo indiscriminado y desplazamiento masivo de 2003), se encuentra instalada una base militar, hecho que se considera como una ofensa a la tierra y un acto que contribuye al desequilibrio espiritual de la Sierra Nevada.


III. ANTECEDENTES

La agudización del conflicto armado está vulnerando cada vez con más fuerza los derechos de los pueblos indígenas Wiwas, Kogui, Aruhacos (Iku) y Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Yukpas de la Serranía del Perijá.

El conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta en los últimos años ha ocasionado el asesinato de líderes indígenas, especialmente del pueblo Wiwa y Kankuamo, por parte de los distintos grupos armados, esta situación se agravó con la entrada en 1998 de los grupos paramilitares (AUC), que en las disputas por las zonas bajas de la sierra y el control estratégico de la vertiente suroriental, han puesto como objetivo militar al pueblo Kankuamo, ejecutando masacres y asesinatos selectivos de miembros de este pueblo, acusándolos de tener vínculos con los grupos guerrilleros, por vivir en zonas de influencia de estos.

La situación preocupante por la que atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido reconocida por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos en pronunciamiento oficial hecho el viernes 8 de agosto de 2003, día internacional de los pueblos indígenas, en el que señaló: “Otra grave omisión estatal detectada por la Oficina es la que ha dado lugar a la situación que hoy afrontan los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sometida por los miembros de grupos paramilitares a un régimen de terror, intimidación y violencia. Los miembros de estas comunidades indígenas siguen padeciendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones ilegitimas a la libertad de circulación y de comercio, profanación de objetos y lugares de culto y múltiples delitos contra su patrimonio económico. En esta región sigue siendo patente la existencia de vínculos de participación, apoyo, tolerancia y aquiescencia entre paramilitares y miembros de las fuerzas armadas”.

A esta situación se suma el control de todas las entradas y salidas de la sierra, limitando la movilización de personas y alimentos, por parte de los grupos para militares, con retenes permanentes en las vías de acceso a la sierra, en el caso de la vía Atanquez, esta se instala a 10 minutos de Valledupar y del batallón de la Popa, lo cual indica que muchos de estos retenes se hacen por la complicidad por acción y/u omisión de autoridades municipales y departamentales. La restricción permanente sobre los alimentos, con periodos de tiempo en que se restringen totalmente, ha puesto en peligro la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.

La zona norte del Cesar y del Magdalena permanecen bajo un férreo control de las AUC, que ejercen presión sobre las autoridades municipales, la gobernación, las alcaldías, las organizaciones sociales de transportadores y comercio, presión de la cual no han escapado las organizaciones indígenas y su empresa de salud Dusakawi. Esto último ha vulnerado el derecho a la vida, al restringirse la atención en salud, y desconocerse la autonomía de un proyecto que incluye a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perija y a los Wayúu en el sur de la Guajira.

El amedrantamiento permanente a las organizaciones y líderes indígenas permanentes por parte de los grupos armados y de las instituciones del estado, para que no se realicen denuncias, bajo la amenaza de ser declarados objetivos militares ha ocasionado la invisibilización y por ende el desconocimiento de la problemática que viven los pueblos indígenas en la región.

En el reciente Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen,[12]se registra con gravedad que la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante. Un gran número de comunidades sufre condiciones de violencia persistente en el marco de un conflicto armado que tiene impactos considerables en sus condiciones de vida cotidiana. Está incluso amenazada la supervivencia física y cultural de algunas comunidades indígenas muy vulnerables, especialmente en la Amazonía.[13] La tasa de violencia es 100% mayor a la media nacional en los municipios indígenas, siendo los más afectados los pueblos kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada, el pueblo kofán en Putumayo, el chimila en Magdalena, así como los pueblos korebajú, Betoyes y Nasa, y los tule y Embera katío en la región de Urabá.[14]

La violencia se expresa también en la magnitud de las desapariciones forzadas de líderes y representantes indígenas. En la Sierra Nevada se registran 44 desapariciones forzadas, 166 ejecuciones extrajudiciales, 92 casos de tortura y 52 casos de secuestro entre 1998 y 2002, y se han denunciado dos masacres en 2002, en las cuales fueron asesinados 12 indígenas wiwas, ocasionando el desplazamiento forzado de 1.300 indígenas y el de 300 personas de las comunidades de Sabana Grande, Potrerito, El Machín y Marocaso. [15]

De acuerdo con el informe del Relator, durante 2003 fueron denunciados ante la Defensoría del Pueblo 44 asesinatos de indígenas Kankuamos, así como el bombardeo indiscriminado al caserío de Potrerito del resguardo indígena Wiwa, que ocasionó la destrucción de 50 viviendas y el desplazamiento forzado de 25 familias. Se señala que la Resolución 24 de 2002 de la Defensoría del Pueblo a favor de los derechos humanos de los indígenas de la Sierra aún no ha sido cumplida. Entre los múltiples testimonios de abusos sufridos por las comunidades indígenas, el Relator Especial conoció las denuncias presentadas por el pueblo wiwa de la Sierra Nevada sobre bombardeos indiscriminados, asesinatos, detenciones arbitrarias e ilegales; retenes, quema de casas, saqueos, robo de animales; daños a lugares sagrados, robo de equipo médico y daños a los puestos de salud, así como robo de material educativo y daños a escuelas.[16]

Igualmente, ante tan alarmante situación la Defensoría Nacional del Pueblo adelantó una investigación en el año 2002. Las indagaciones realizadas permitieron ratificar que en la Sierra Nevada de Santa Marta se vive una de las más graves y dramáticas situaciones de vulneración de derechos fundamentales. Esto conllevó al Defensor del Pueblo a emitir la Resolución Defensorial 024 del 18 de septiembre de 2002, requiriendo a las autoridades del orden nacional y regional a adoptar medidas especiales a fin de proteger y garantizar de manera efectiva los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan esta zona del país, incluyendo a la etnia Wiwa.


A continuación, nos permitimos relacionar los principales hechos de agresión en contra de la etnia Wiwa, los cuales han sido denunciados por la propia comunidad a las respectivas autoridades penales y disciplinarias, sin que el cuadro sistemático de violaciones refleje una mejoría significativa:

Hechos 2001[17]

“1. El día 12 de enero del 2001 en las horas de la mañana, en el sitio conocido como la Y de Guayacanal (San Juan del Cesar), el Ejército del Batallón Rondon masacró a 7 pobladores de la región. Hermanos de esta entnia; entre los que estaban dos líderes de la Organización Gonabindua Tairona, Manuel Gil Alberto (Wiwa), Romelías Cáceres (Kankuamo), esta denuncia fue hecha ante las instituciones del Estado, pero hasta ahora no ha habido justicia para los responsables, ni indemnización para la comunidad. De esto solo conocemos que trasladaron el comandante de Batallón.

2. De un día para otro cuando todos estábamos trabajando en la comunidad de La Laguna, apareció un helicóptero y unos aviones regando sobre nuestros sitios sagrados (Chintengua), bombas; eso fue en la mañana del 19 de diciembre del 2001. Desde entonces sentimos mucho miedo cuando escuchamos la bulla del pájaro.”


Hechos 2002

“3. Nuevamente el día jueves 14 de marzo del 2002, cuando despuntaba el día, apareció un helicóptero y dos aviones, estos bombardearon a las mujeres cuando estaba recogiendo ayo (hojas de coca, planta sagrado para el mambeo) en la comunidad de Guamaca, ocasionando que toda la comunidad se viera obligada a desplazarse hacia los cerros.”

“4. A finales de febrero y principios de marzo del 2002, escuchamos que los paramilitares llegaron por allá por los sitios de: Treinta, Matitas, Chole, Anaime, El Carmen, Cascajalito, Las Casitas, en todos estos pueblos que son corregimiento de Riohacha, mataron a los campesinos, no se sabe cuantos, pero son muchos y desplazaron a varios. Para el día 9 de marzo, en un retén en la población de Tomás Razón o 30, agarraron a dos hermanos indígenas de la comunidad de El Limón (Nibake), a los jóvenes William y Albert Montero Calvo, que iban para Riohacha, los torturaron y los mataron como solo puede matar el diablo. Esos dichos paracos siguen allí lo mas tremendo es que en la Florida muy cerca de esos pueblos hay una base militar”.

5. El día 9 de marzo de 2002, en un reten ubicado por los paramilitares en el corregimiento de Tomás razón y treinta masacraron a Elber Montero Calvo y William Montero Calvo dos hermanos indígenas del Limón a quienes previamente torturaron. Este grupo paramilitar permaneció en el sitio por tres meses realizando retenes ilegales de manera continúa y a 15 minutos de ese lugar en la estación de la Florida existe una base militar del batallón Cartagena.

6. Bombardeos en Guamaka. El día 14 de marzo de 2002, cuando despuntaba el día apareció un helicóptero y dos aviones, estos bombardearon a las mujeres cuando recogían jayo (hojas de coca, planta sagrada para el poporeo) en la comunidad de Wamaca, ocasionando que toda los habitantes se vieran obligados a desplazarse hacia los cerros.

“7. Hasta que llegaron a nuestro territorio... el día 29 de marzo, desde las Casitas llegaron hasta Tembladera y todo el que se encontraban en el camino lo llevaban delante de ellos como escudo hasta llegar a Piñoncito ( comunidad Wiwa –Shimake), Sabana de Manuela y Caracolí, reunieron a las comunidades y nos amenazaron, acusándonos de ser colaboradores de los grupos guerrilleros, diciendo que detrás vendrían los “mocha cabeza” (alusión a los grupos paramilitares). Desde ese día no dormimos tranquilos. Además, varios de nosotros reconocimos dentro de este grupo paramilitar a soldados del Ejército que meses anteriores habían estado en este pueblo y ese día aparecieron como las AUC.”

El día 29 de marzo de 2002 los paramilitares pertenecientes al Bloque Norte de las autodenominadas AUC se desplazaron desde las casitas llegando a Tembladera, llevándose a varios miembros de la comunidad que utilizaron como escudos humanos, hasta llegar a Piñoncito y Caracolí en Sabana de Manuela en donde reunieron a estas comunidades para amenazarlas acusándoles de ser colaboradores de grupos guerrilleros y diciendo que detrás de ellos vendrían otros. De este grupo paramilitar se reconoció a varios soldados que habían estado en este pueblo en meses anteriores.

8. Marokaso Del 10 al 15 de julio del mismo año un grupo armado perteneciente al Bloque norte de los paramilitares se desplazó desde Caracolí hasta Marocazo provocando el desplazamiento de toda la comunidad.

“Del 10 al 15 de julio llegaron nuevamente pasaron desde Caracolí a Marocazo, los habitantes de las comunidades Wiwa, todas al saber que venían y no saber quienes eran dejamos las casas solas. Este grupo al llegar robaron y se comieron nuestras gallinas, además de nuestros cultivos de yuca y patilla entraron a las casas y nos robaron las sábanas y las cosas personales que habían en ellas, para completar el abuso abrieron a la fuerza la tienda comunitaria y el puesto de salud, llevándose todo lo que allí había. Cuando volvimos a nuestras casas nos dimos cuenta que eran soldados del Batallón Cartagena y del Rondon de Buena Vista, que nos amenazaron con Bombardear la tienda comunitaria y nos señalaron como colaboradores de la guerrilla.

Los integrantes del batallón Rondón posteriormente propusieron a los dueños de los cultivos saqueados que pasaran por el batallón para pagarles los daños causados.

9. Potrerito. Para los mismos días el 14 de julio aparecieron los helicópteros y aviones bombardeando indiscriminadamente a la comunidad de Potrerito y Sabana Grande, informándose por la radio que eran combates entre el ejército y la guerrilla cuando en realidad en estas comunidades solo estaban los indígenas.

Estos bombardeos dejaron como resultado la muerte de Marcelo Nieves de 30 años, padre de 3 menores y el joven Raúl Nieves Maestre de 23 años. En este nuevo hecho el ejército saqueó los productos alimenticios del restaurante escolar dados por el ICBF y luego dijeron por la radio que estos alimentos los habían encontrado en un campamento de la guerrilla, esto también produjo el desplazamiento de las comunidades hacia el municipio de San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira y otros se internaron en la Sierra.

10. El 29 de agosto del 2002, patrullas del Ejército colombiano del batallón Cartagena de Riohacha llegaron en 3 camiones a la comunidad de las Casitas y al otro día gente armada identificada como las AUC llegaron a un sitio conocido como Comejenes, y en la finca las Paivas asesinaron a Eliécer, Albeiro, y Francisco Mendoza Rabillo de 7,12 y 17 años de edad respectivamente.

11. Destrucción de El Limón. El 30 de Agosto en el Limón asesinaron a la abuela Rosalía Loperena de 84 años en presencia de sus nietos, a ella la decapitaron con una granada, en este mismo día se llevaron a su esposo, el abuelo Luis Antonio Mendoza de 88 años quien hasta la fecha se encuentra desaparecido y a su hijo Jaime Elías Mendoza Loperena de 48 años de edad a quien posteriormente descuartizaron. A este caserío llegaron disparando de manera indiscriminada acción esta que dejó como resultado dos niñas asesinadas, quemaron 23 casas en total. Al día siguiente de ocurridos estos hechos llegó el ejército y terminó de comerse los animales y saquearon la tienda comunitaria. Destrucción del restaurante escolar, el centro de salud, la escuela primaria, viviendas y fincas, 6 hectáreas de cultivos de pan coger, frutales y café, animales, electrodomésticos, la tienda comunitaria, herramientas de trabajo comunitario (palas, palines, machetes, limas, carretillas, clavos, martillos, serruchos, etc).

12. El 1 de Septiembre del 2002, patrullas del Batallón Cartagena de Riohacha llegaron a las comunidades de Contadero, El Limón, Marocaso, Tembladera y Caracolí donde asesinaron a Héctor de Armas y “Chavo” Abuchaibe, campesinos de la Región; José Ángel y Alberto Sarmiento, indígenas Wiwas, a quienes mataron a cuchillo y bala realizaron masacres en las cuales resultaron como víctimas niños y ancianos dejando también un gran número de desaparecidos. En este operativo el ejército actuó de manera coordinada con los Paramilitares, luego reunieron a la comunidad de piñoncito a quienes les dieron plazo para que abandonaran el pueblo, provocando el desplazamiento de más de 1.500 personas

Hechos 2003

13. Destrucción de Potrerito. En el mes de enero miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” de Valledupar, destruyeron la comunidad de Poterito, mediante bombardeos, incendios de viviendas, destrucción del puesto de salud. Esta situación trajo como consecuencia el desplazamiento forzado de sus pobladores. Con esta se completan 04 poblaciones wiwas desaparecidas en menos de un año: El Limón, Marocazo, La Laguna y Potrerito.

En carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a los Senadores indígenas y a la opinión pública, las comunidades indígenas de la etnia Wiwa denunciaron que desde el 18 de enero de 2003 y durante tres días más, soportaron el terror, cuando desde tierra y aire fueron destruidas sus pertenencias, casas, escuela, puestos de salud, la casa ceremonial (Kankuruas), los cultivos y los pocos animales por los ataques indiscriminados y atribuidos a hombres adscritos al batallón La Popa con sede en Valledupar del Ejército Nacional. De acuerdo el recientemente asesinado Ángel Melquíades Loperena, dirigente indígena, la fuerza pública “estaba cumpliendo la orden de recuperar la Sierra Nevada de Santa Marta, a costa de lo que fuera. Aseguramos que fue el ejército porque quién más tiene helicópteros y esa artillería tan pesada”.

En estos hechos, además del pánico que sintieron las comunidades ante los bombardeos, algunos integrantes tuvieron que soportar y sentir las explosiones de insulto y maltrato emocional por parte de las tropas. La acción militar, obligó a las familias a desplazarse hacia la parte alta de la Sierra, en total se estima que debieron desplazarse 45 familias de la comunidad de Potrerito (83 niños, 10 ancianos, 22 hombres, 20 mujeres) 10 familias de la comunidad indígena de las Mercedes, 7 familias de Linda, 5 familias de Raiceríos, para un total de 67 familias. “Los compañeros indígenas se desplazaron dentro del mismo resguardo, hacia la parte alta de la Sierra (unas cuatro o cinco horas de camino a pie) pero ya no tienen nada que comer, mucha gente anda sin ropa, están enfermos. Lo más preocupante son los niños y los ancianos[18]”.
14. Destrucción de La Laguna. El 20 de abril de 2003, en horas de la tarde apareció en la Comunidad de La Laguna, un helicóptero negro realizando ametrallamientos indiscriminados, en horas de la tarde se repitió el mismo procedimiento, generando el desplazamiento de varias familias.

15. El 21 de abril, se realiza otro ametrallamiento por parte de un helicóptero negro, seguido de tres helicópteros blancos que aparecen 20 minutos más tarde realizando sucesivos ametrallamientos. En horas de la mañana, varios efectivos del Ejército que venían en los helicópteros empezaron a hacer ametrallamientos directos a la población. En total, se desplazaron 52 familias, producto de la acción discriminada del Ejército, quien se desplazó posteriormente a Guamaka, destruyeron las tiendas comunitarias cuyas perdidas avaluadas son de $5.700.000 pesos en articulo, mas una nevera, un equipo de sonido.

“- Violaron la cerradura de las puertas se robaron 68 mochilas blancas de fiques que madres de familias habían elaborado para sus hijos, un bulto y medio de bienestarina, 7 cajas de tizas, 38 mapas, 5 resmas de papel, 24 de vinilo grande, 85 cuadernos de 100 hojas, 2 decenas de bolígrafos, 4 docenas de lápices negro, 60 saca minas, 60 compás, 5 docenas de cartulinas de varios colores, 5 docenas de fólderes, 38 registros civiles y formulario del DANE, 64 boletines en blanco, 45 cartillas, un baúl con varios juegos didácticos, 1 maquina de escribir, 1 grabadita de cuatro pilas, 3 casetes de rondas infantiles, 38 metros de coton y 5 kilos de grapas, también utilizaron como leña los pupitres, y demás muebles del Plantel, las perdidas están evaluadas como en $9.000.000.de pesos.

- Acabaron con el restaurante escolar robándose mas de $1.000.000 en mercado para los niños, allí guardaban todas las herramientas comunitarias: 15 machetes, 20 cavadores, 10 palas, 2 barras, 10 rollos de alambre de púa, 4 rollos de angeo. Repicaron todos los lienzos y cerca que los indígenas tenían alrededor de los cultivos y los potreros. Violentaron los candados para robar todo lo que había dentro de las viviendas.”

- En la misma escuela donde cursaban sus clases de primaria 82 niños, allí mismo guardaban la droga de la Organización Guanawindua Tairona. OGT. TENACA; EPS, en brigada de salud desarrollada en días anteriores habían dejado para la comunidad, toda esta droga la quemaron. Se llevaron un microscopio y podo el equipo de trabajo del promotor de salud que con toda la droga, se avalúa en $3.800.000 pesos; junto con todo esto dejaron escrituras alusivas al Ejercito Nacional en el tablero del plantel y en las paredes consignas alusivas a las AUC 66 BLOQUE NORTE.

- Se comieron 7 gallinas, mataron 2 burros, una vaca, 3 pavos, quemaron dos viviendas, maltrataron verbalmente y físicamente a 5 hermanos indígenas, a uno le pusieron el ojo negro y al otro le partieron la cabeza, después del maltrato los obligaron a que siguieran junto con ellos hasta Caracolí donde liberaron a dos de ellos, a los otros los soltaron en el Batallón Rondon.

A solicitud de la comunidad, la Defensoría del pueblo recibió quejas oficial de las autoridades del pueblo Wiwa, donde además de los hechos descritos en la denuncia pública, afirmaron que la totalidad de los habitantes de las comunidades de Marocazo, Sabana de Joaquina, la laguna, Guamaca y Semimpke, que suman aproximadamente 1500 personas, se desplazaron hacia otras poblaciones como la peña de los indios, Ulago, Machin, y caracolí ubicadas en la parte baja de la sierra, así como a Mamarongo y colorado, en la parte alta y en la cabecera del municipio de san Juan del Cesar.

El viernes 13 de Junio, una comisión de la defensoría del pueblo[19] se desplazo hacia MAROCAZO, JUANA VIEJAY LA LAGUNA, donde se constataron los siguientes hechos:

· Comunidad de LA LAGUNA: Quema de 17 viviendas, dos tiendas, una Kankurua y el restaurante escolar, que previamente fue saqueado y averiado al igual que el centro de ETNOEDUCACIÓN.
· Sitio JUANA VIEJA: quema de cuatro casas y una Kankurua
· Comunidad de wu hamaca: Quemas de cuatro viviendas que pertenecían al mamo y la zaga _autoridades tradicionales
· Comunidad de Marrocazo destrucción y saqueo de una tienda familiar y una tienda comunitaria.

Respecto a los desplazamientos, si bien en un primer momento las comunidades mencionadas fueron abandonadas en su totalidad, a este momento el panorama es el siguiente:

· Wamaca: Del total de 326 solo 20 personas aún están ubicadas en Mamarongo y machetiao, las demás ya retornaron.
· Marocazo: Quines se habían desplazado al Machin y el filo, ya retornaron, sin embargo más del 50% de la población, aún se encuentran desplazados en comunidades como la peña de los indios y Ulago.
· La laguna: La totalidad de la población se ha desplazado, actualmente se ubican en las comunidades de la peña de los indios, Machin, Ulago, Mamarongo, y colorao.
· Sabana Joaquina: más del 50% de la población, aún se encuentran desplazados en comunidades como la peña de los indios, Ulago y en San juan del cesar.
· Semimpke: no se ha desplazado la población, sin embargo están autorizados, pues los hechos descritos ocurrieron en comunidades muy cercanas.

Los hechos de violencia son interpretados por el pueblo Wiwa, como una ofensa a su territorio, la destrucción de flora, la muerte de animales, y los Bombardeos sobre sitios sagrados desequilibran su entorno y disminuyen sus posibilidades de habitarlo. La comunidad hizo énfasis, en los desplazamientos de los mamos que por temor huyeron de las comunidades hacia el interior de la sierra, lo que sumado a las quemas de las kankuruas y de las casas de la zaga, según su cosmovisión significa una total desprotección y abandono antes las adversidades. De igual modo, hizo especial mención en la violación de una tumba del cementerio ubicado entre la laguna y Juana viaja, de donde extrajeron el cadáver de una indígena y lo trasladaron fuera del resguardo.

16. Guamaka. El 20 de abril, miembros de los Batallones Rondón y Cartagena del Ejército Nacional, hicieron presencia en la cuenca del Río Ranchería, realizando ametrallamientos en la región de Guamaka y sus alrededores. El Ejército comenzó a quemar las viviendas indígenas y hurtaron gallinas y cerdos de la población. Los miembros del Ejército destruyeron las medicinas y los utensilios escolares. Igualmente entraron a una Kankurua (sitio tradicional de reunión) y tomaron una cazuela tradicional para trabajo de las autoridades espirituales y la utilizaron para quemar plátanos. Golpearon al indígena Hilario Villazón Mojica y desnudaron a otro indígena y lo pasearon por el pueblo, ambos actos con el propósito de que los indígenas “informaran sobre la ubicación de la guerrilla”

17. El 25 de abril, hacen presencia en Guamaka algunos de las personas que fueron vistas el 20 de abril, esta vez, usando brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia, incendiaron 17 viviendas y se llevaron vacas, gallinas y ovejas. Igualmente mataron algunas bestias de carga como burros, mulas y caballos.

18. El 08 de septiembre en el territorio circundante al río Jérez, el Ejército realiza otro operativo. Esta vez, saquea una vivienda kogui y amarra a un mamo y hurta la sequa con la que adivinaba. Ese mismo día, avanza hasta Guamaka y allí se come los animales y alimentos de la poblaación wiwa (cerdos, ovejas, gallinas, yuca y plátano). El Ejército asalta la tienda comunitaria y se lleva varios artículos y cinco millones de pesos. En total hurtaron y mataron: 12 burros, 10 caballos, 500 gallinas, 20 ovejas, 30 cerdos, una planta de energía solar, una cámara filmadora, un televisor y un Betamax.

19. Marokaso Entre el 20 y el 25 de noviembre, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC hicieron presencia en Contadero y el puente de Marokaso, agrediendo a los indígenas Wiwa de este territorio.

20. El 27 de septiembre de 2003 fue asesinado el señor Braulio Montoya en el Puente de Marokaso, por parte de un grupo de personas que portaban brazaletes con las siglas AUC.

21. El 01 de octubre fue asesinado William Montero Calvo en Contadero, por parte de miembros de las AUC quienes le propinaron fuertes golpes en la cabeza hasta destruirla y le propinaron tres disparos.


Hechos 2004

En el año 2004, la etnia Wiwa, se vio afectada por una de las más graves crisis humanitarias, representada en la restricción de entrada de alimentos y víveres y bombardeos permanentes que impidieron el desarrollo de las actividades espirituales y culturales de los mamos como realización de pagamentos, trabajo tradicional de las autoridades, reunión, etc. Esto generó a comienzos de 2004, que la gran mayoría de los habitantes del Resguardo, especialmente ancianos y niños sufrieran de enfermedades, la mayoría de ellas asociadas a la desnutrición y falta de defensas, ya que su dieta se redujo a bastimento (yuca, malanga, plátano) solo y sin sal.

En la comunicación entregada al Relator Especial para Asuntos Indígenas de la organización de Naciones Unidas, los representantes del Pueblo Wiwa[20] expresaron:

“Nos han obligado a desplazarnos hacia los sitios más altos de la Sierra, como única forma de proteger nuestras vidas; abandonando de paso además de nuestras casas y pertenencias, las rosas, socolas y cultivos.

Violación, Saqueo y quema de las casas abandonadas de los indígenas y colonos, por parte de los soldados.

Estigmatización a nuestras comunidades como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, y el señalamiento de nuestras mujeres como amantes o compañeras de los comandantes guerrilleros y con esta excusa justifican sus atropellos.

Agravamiento de la crisis humanitaria en la zona porque además del bloqueo que padecemos hace más de dos anos, hoy ya no tenemos cosecha por recoger porque los soldados se han dedicado a quemar de manera indiscriminada nuestros cultivos, a robar nuestras aves de corral y crías de vaca, chivos y cerdos; han saqueado los frutos cosechados( fríjol, maíz, guandú) que más adelante nos obligan a cambiárselos por gallinas, chivos, cerdos, etc.; Escasez de alimentos de primera necesidad como el arroz, el aceite, la sal y el azúcar así como jabón y medicinas porque ante el temor de perder sus vidas ningún carro quiere subir hasta nuestras comunidades lo que nos impide hacer el mercado de ¤40.000.oo que por familia nos permitían realizar.”

En lo que tiene que ver con violaciones al derecho a la vida, se presentaron los siguientes hechos:

22. El 09 de enero de 2004 a las11:45 p.m., llegó a Kuachirimake (La Laguna), Departamento de la Guajira, un grupo que se identificó como Autodefensas Unidas de Colombia, y asesinó a los señores José del Carmen Torres Villazón, Fernando Torres Torres y Eliécer Torres Torres.

Este grupo permaneció en el territorio cometiendo sucesivos delitos:
a) El 12 de enero, hurtaron en Juana Vieja seis(6) reses de los indígenas Wiwa Gerardino Marmolejo Loperena, Antonio Marmolejo Loperena y Anikasia Jandiwua.
b) El 17 de enero incendiaron los pastos de Kuachirimaque (La Laguna) y hurtaron dos (2) vacas de Edwin Rodríguez Mendoza.
c) El 19 de enero en Sabana de Joaquina, incendiaron dos viviendas, se robaron 160 gallinas, quemaron siete(7) bultos de café y hurtaron seis (6) grabadoras marcas Sony, Silver, Panasonic.
d) En Siminque incendiaron 07 viviendas.

23. El 18 de enero fueron asesinados los indígenas José Pedro Pastor Alberto y Zunilda Villazón Montaño en el casco urbano de San Juan del Cesar (Departamento de la Guajira).

24. Asesinato del propietario y conductor del único vehículo que cubría la ruta San Juan – La Pena de los Indios el día 17 de febrero, por parte de supuestos paramilitares, ambos habían sido requeridos por el ejercito el día anterior a su asesinato, advirtiéndoles que les daban 24 horas para que renovaran los documentos del vehículo so pena de no poder seguir transitando hacia la Sierra si no lo hacían. Simultáneamente al momento de su asesinato se realizaron allanamientos por parte del Ejército Nacional a las viviendas de dichas personas.

25. El 7 de abril de 2004 ( miércoles santo) a las cuatro de la tarde en la vía que de San Juan del Cesar (Guajira) conduce a la Peña de los Indios ( territorio del Resguardo Indígena Kogui -Malayo- Arhuaco), a la altura de Zambrano, un grupo de hombres y uniformados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, asesinaron a los Indígenas VICTOR JULIO MONTAÑO Y SIMON MONTAÑO, junto al campesino ENER MANJARREZ e incineraron el vehículo en que se transportaban.

Este vehículo hasta esta fecha, era el único que cubría la ruta de San Juan del Cesar(Guajira) hasta la Peña de los Indios( territorio del resguardo) y permitía movilizar a los indígenas y campesinos que habitan el resguardo Wiwa. Igualmente, posibilitaba el abastecimiento de alimentos a los integrantes de las diferentes comunidades dentro del límite que les han permitido($ 40.000.oo por familia). Este no fue el primer vehículo que incineran, el anterior a este que cumplía a misma función fue robado y su conductor y propietario, asesinados el 17 de febrero de 2004.

26. El día 8 de abril (jueves santo) fue asesinado en su residencia el indígena LUIS FERNANDO MONTAÑO en la Peña de los Indios cuando se disponía a asistir al velorio de los indígenas asesinados el día anterior. Este hecho fue cometido por tres hombres armados, vestidos con prendas militares de uso privativo de la Fuerza Pública.

27. El domingo 11 de abril de 2004, se presentaron bombardeos sobre las comunidades de la Celosa, Sabana Joaquina y el filo del Machín, estos se iniciaron a las 5:00 am y se extendieron hasta las 9:00 a.m. del mismo día; afortunadamente sin víctimas humanas que lamentar, pero con el consecuente desplazamiento forzado de estas comunidades.

Una particularidad preocupante del desplazamiento forzado a que se han visto sometidas varias de las comunidades del pueblo Wiwa, es que no aparecen cifras en las estadísticas oficiales debido a varias razones: En primer lugar, el Registro Único de Desplazamiento de la Red de Solidaridad Social no contempla como tal el desplazamiento generado por autoridades estatales, en segundo lugar, no incluye el desplazamiento interno hacia otras comunidades de la Sierra, en tercer lugar, las diferentes variables que contempla el sistema no permiten establecer a que comunidad indígena pertenecen las víctimas de desplazamiento forzado, y en cuarto lugar, no generan datos respecto casos de confinamiento de las comunidades; lo cual ha contribuido a la invisibilización del problema y a la restricción de la atención humanitaria con destino a estas comunidades.





28. Operativos permanentes

- El Ejército Nacional realizó retenes permanentes y restricciones de alimentos en San Juan del Cesar (Guajira), reteniendo productos como jabón, arroz, sal y otros productos necesarios para la supervivencia bajo el argumento de que son insumos para la insurgencia.

- Con los operativos permanentes, bombardeos y ametrallamientos el Ejército Nacional (Batallones Rondón y Cartagena) ha vulnerado los sitios sagrados de Yuimake, Guamako, Nibake, Carrizal, Bicocal, Ticuanamake, Zaga Dulama, Duskinguia, Nuamake, Turrigua, Guaserrehguega, Guapurrúa, Gostúa, Cimarangúa, Dunarrúa, Dumagamena, Kaserinaga.

28. Construcción de megaproyectos hidroeléctricos sin el previo cumplimiento de la consulta que establece el Convenio 169 de la OIT.

La Sierra Nevada de Santa Marta se eleva abruptamente sobre las playas del mar caribe, hasta una altura de 5.775 metros, con sus picos nevados a tan sólo 42 kilómetros de la costa, siendo el sistema montañoso litoral más alto del mundo. De sus tres vertientes norte, occidental y suroriental nacen numeroso ríos que fluyen en todas las direcciones surtiendo de agua a todos los municipios que hacen parte de su hinterland, es decir, los municipios de Riohacha, Dibulla, barrancas, Fonseca, hato Nuevo, Distracción y san Juan en el Departamento de la Guajira; Fundación, Aracataca, Ciénaga y Santa Marta en el departamento del magdalena, y Valledupar y El Copey en el Departamento del Cesar.[21]

Existe una gran variedad de climas y ecosistemas que convierten a la Sierra Nevada de Santa Marta fue declarada por la UNESCO reserva del hombre y la biosfera. De allí que con relación al recurso natural del agua y a otros recursos renovables y no renovables de la Sierra Nevada, existan múltiples intereses privados, interesados en su apropiación para fines comerciales, lo cual se convierte en una de las principales causas de las agresiones en contra de los pueblos guardianes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Así mismo queremos dejar constancia que no estamos de acuerdo ni se nos ha consultado sobre la construcción de la Represa sobre el río Ranchería y la base militar en lo que antes fue el pueblo de Guachirimake (la Laguna),el mismo que fue destruido en abril del 2003 por tropas del Ejército quienes saquearon y quemaron todo lo que encontraron a su paso según consta en el documento de denuncia y en informe de la Defensoría del pueblo, pues para nosotros es claro que esta base no nos traerá la Paz porque su objetivo será prestar seguridad a este megaproyecto y no a nosotros.

Denunciar también que la construcción de esta Represa acabara con el río Ranchería y afectara de manera notable el desarrollo ambiental y productivo de esta región, lo que perjudicara notablemente a las comunidades indígenas que habitamos el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco; además de la violación a nuestra identidad y tradición cultural, aunque no este la represa dentro de nuestro resguardo si se construirá sobre la zona de proyección de ampliación del mismo y además constituye violación a uno de nuestros sitios sagrados.[22]

IV. FUNDAMENTOS DE LA PETICION
El artículo 25 del Reglamento de la Comisión de la OEA, establece que “en caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.” Esta facultad de la Comisión Interamericana, debe interpretarse en consonancia con la obligación genérica de protección que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Colombia mediante ley 16 de 1972, según el cual los Estados partes se comprometen a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado indispensable individualizar las personas que corren peligro de sufrir daños irreparables a efectos de otorgarles medidas de protección[23], en varios casos especiales,[24] ha entrado a proteger bajo el procedimiento de medidas provisionales a personas innominadas “quienes no están determinadas, pero que pueden ser identificadas e individualizadas”[25], bajo el entendido de que reúnen “características especiales que lo diferencian de los precedentes tenidos en cuenta por el Tribunal”[26].

En efecto, en los casos de comunidades indígenas como el pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y el pueblo indígenas de Sarayaku (Ecuador), la Corte, consideró que la misma constituye una comunidad organizada, ubicada en un lugar geográfico determinado, cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados y que, “por el hecho de formar parte de dicha comunidad, todos sus integrantes se encuentran en una situación de igual riesgo de sufrir actos de agresión en su integridad personal y su vida.”[27]

En el presente caso, el pueblo Wiwa se encuentra plenamente identificado, a través de la figura del Resguardo, donde a su vez, existen dos formas organizativas consolidadas con su respectivo Cabildo –Gobernador: la Organización Wiwa Yugumaiun Bukuanarúa Tayrona OBYBT y la Organización Gonabindua Tayrona.

V. PETICIONES
Respetuosamente solicitamos a la CIDH, ordenar al Estado colombiano, en virtud de obligaciones contraídas conforme al derecho internacional público, especialmente por ser signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo siguiente:
1. Proteger la vida, integridad, libertad personal, territorio y demás derechos individuales y colectivos del Pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
2. Concertar con el pueblo Kankuamo a través de sus organizaciones representativas Organización Nacional Indígena de Colombia, la Organización WIWA YUGUMAIUN BUKUANARÚA TAYRONA OBYBT y la Organización GONABINDUA TAYRONA, las medidas de protección y seguridad que ha de implementar el Estado Colombiano.
3. Establecer un procedimiento concertado de atención de emergencia a las víctimas de desplazamiento forzado del pueblo Wiwa.
4. Que se construyan acuerdos humanitarios propuestos desde el Estado y elaborados con participación de los peticionarios y beneficiarios, destinados a que los diferentes actores armados respeten la integridad del territorio Wiwa y de los integrantes de la comunidad indígena.
5. Que se dé plena aplicación al Convenio 169 de la OIT, garantizando la consulta previa con las autoridades tradicionales y la comunidad cualquier plan de desarrollo, de inversión o de cualquier otra índole, que se quiera desarrollar al interior del Resguardo Wiwa.
6. Que se investiguen todos los hechos de agresión contra el pueblo wiwa bajo una misma cuerda procesal, se judicialicen y sancionen los responsables.
7. Que la Defensoría del Pueblo nombre un Defensor Comunitario en el territorio indígena previa concertación.


ANEXOS
- Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Llamado de atención por asesinato de indígenas, 20 de enero de 2005


Con sentimientos de la más alta consideración y estima nos suscribimos de Usted,





RAFAEL BARRIOS MENDIVIL LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA
Representante Permanente en USA Organización Nacional Indígena ONIC
COLECTIVO DE ABOGADOS Presidente
Calle 13 No. 4 – 38 Bogotá

[1] Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Comunicado de prensa, 20 de enero de 2005.
[2] Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Llamado de atención por asesinato de indígenas, 20 de enero de 2005
[3] Cfr. Documentos varios Pueblo Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta.

[4] Cfr. Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 81; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 1, párr. 149 y Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 62

[5] Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 1, párr. 149.

[6] Fajardo Sánchez Luis Alfonso y Gamboa Martínez Juan Carlos. Multiculturalismo y Derechos Humanos: Una perspectiva desde el pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 1998, pág.91

[7]“Cuando yo era jovencito (...) no creía que iba a venir la violencia que los Mayores decían, yo pensaba: “esto no pasará.” Pero ahora si se ve violencia en toda parte, ahora si yo también creo que se acerca el fin y que tenemos que ponernos a trabajar para buscar el camino espiritual y material que los Antiguos enseñaron. Por eso hay que aprender para no hacer tanto daño. ¿Cuándo será que el Hermanito Menor abre los ojos?, ¿cuándo va a despertar?, ¿cuándo va a abrir el oído?, ¿cuándo será que consigue el camino? (...)” Ramón Gil Barros, Ex – cabildo gobernador, Organización Gonawindua Tayrona, Santa Marta, Enero de 1998.

[8]Mama Francisco Gil Chimusquero, Pozo de Humo, 1996. Cfr. Fajardo Sánchez Luis Alfonso y Gamboa Martínez Juan Carlos. Multiculturalismo y Derechos Humanos: Una perspectiva desde el pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 1998, pág.148

[9]Cabildo Gobernador Leonardo Andrés Gil Sauna, El Rongoy, 1996. Cfr. Ibídem

[10] El equilibrio de la Sierra Nevada depende de los sitios sagrados y se consolida con las ceremonias de pagamento que realizan las comunidades indígenas. Estas ceremonias rituales deben ser realizadas por los cuatro pueblos indígenas que habitan el macizo serrano. Ver, Ibídem, pág. 153

[11] Mama José Antonio Konchakala, Cherúa, 1996. Cit. Ibídem. Pág. 148
[12] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanosy las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, Distr. GENERAL E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 de noviembre de 2004, Original: ESPAÑOL

[13] Ibídem, párr. 5
[14] Ibídem, párr.25
[15] Ibídem, párr.37
[16] Ibídem, párr.38
[17] Comunicado del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta “Que alguien nos escuche... que se haga justicia”
[18] Testimonio Líder indígena Wiwa, Angel Melquíades Loperena

[19] Defensoría Nacional Del Pueblo, Informe Situación de Población Wiwa en Situación de Desplazamiento Al Interior Del Resguardo Cogí-Wiwa Sierra Vevada De Santa Marta, junio de 2003

[20] Comunicación del10 de marzo de 2004, dirigida al señor Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.
[21] Cfr. Fajardo Sánchez Luis Alfonso y Gamboa Martínez Juan Carlos. Multiculturalismo y Derecho Humanos: Una perspectiva desde el pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 1998, pág.138

[22] Pronunciamiento de las autoridades tradicionales del Pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

[23] Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, Medidas Provisionales. Resolución de 18 de agosto de 2000, considerando octavo; Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de septiembre de 2000.

[24] Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003, considerando noveno; Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, considerando octavo; y Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, considerando séptimo. Además, cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149.

[25]Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, considerando octavo.

[26] Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, considerando séptimo.

[27] Cfr. Corte I.D.H. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Ecuador, Pueblo Indígena Sarayaku, Resolución del 06 de julio de 2004, considerando 9; Corte I.D.H. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia, Pueblo Indígena Kankuamo, Resolución del 06 de julio de 2004, considerando